El Gobierno de Río Negro declaró la Emergencia Ígnea en todo el territorio provincial por un plazo de un año, a partir del Decreto 1104/25 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck. La medida establece la prohibición de encender fuego al aire libre y activa mecanismos administrativos y financieros excepcionales para reforzar la prevención ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales.

Según lo informado por el Ejecutivo provincial, la declaración busca acelerar la capacidad de respuesta del Estado y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro. La decisión se funda en factores climáticos extremos registrados en la región, como altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y una vegetación especialmente seca, condiciones que favorecen la propagación del fuego. También se consideró el incremento de la presencia de personas en áreas sensibles durante la primavera y el verano.

El Gobierno recordó que en los últimos años se registraron incendios que afectaron vidas humanas, infraestructura, actividades productivas y zonas naturales en Río Negro y en provincias vecinas. Estos antecedentes fueron citados como parte del diagnóstico que llevó a la implementación de la medida de emergencia.

El Decreto establece la prohibición de encender fuego en tierras públicas y en todos los espacios no habilitados de manera expresa. También establece obligaciones para concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos, quienes deberán fortalecer las medidas de prevención y vigilancia de acuerdo con la normativa vigente. Además, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda facultado para disponer herramientas administrativas y financieras específicas durante el período de emergencia, mientras que el SPLIF podrá otorgar excepciones puntuales y ampliar el Estado de Alerta Máxima cuando la situación lo requiera. El Gobierno invitó a los municipios y comisiones de fomento a adherir para reforzar controles y acciones preventivas en sus territorios.

La normativa incorpora un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, cuya graduación dependerá del riesgo generado, el daño potencial y la responsabilidad atribuida a cada infracción. También ordena iniciar acciones penales y patrimoniales contra quienes ocasionen incendios por negligencia o intencionalidad, con el objetivo de recuperar los costos operativos asumidos por el Estado en tareas de combate y extinción. El Gobierno destacó que la mayoría de los incendios tiene origen humano y que sus impactos ambientales, económicos y sociales pueden prolongarse por generaciones.

Al presentar la medida, el gobernador Weretilneck señaló que la declaración de emergencia responde a criterios de prevención ambiental, defensa territorial y protección de la población. Afirmó que los incendios representan un riesgo significativo para los ecosistemas, las actividades productivas y las comunidades, y que la anticipación es fundamental para reducir su impacto.