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El crecimiento de servicios de transporte de pasajeros sin habilitación en Viedma motivó la presentación de un anteproyecto de ordenanza que busca regular, prevenir y sancionar de manera específica esta actividad dentro del ejido municipal.
La iniciativa fue elevada al presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, por el titular de la Asociación de Titulares de Taxis de Viedma (ATTV), Marcelo Nahuelner, quien solicitó el tratamiento legislativo de una norma que establezca definiciones, sanciones y mecanismos de control frente a lo que describen como un aumento de la oferta de viajes clandestinos.
En la nota, el dirigente planteó que quienes cuentan con licencias habilitadas deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos seguros, controles técnicos, habilitaciones municipales y obligaciones impositivas. En ese marco, advirtió que la proliferación de vehículos particulares que prestan servicios sin autorización genera “competencia desleal”, además de riesgos para las personas usuarias y una pérdida de recaudación para el municipio.
El planteo también pone el foco en la modalidad de organización de estos servicios, que —según se detalla— se difunden a través de redes sociales, grupos de mensajería y contactos telefónicos, lo que dificulta su control. En ese sentido, el anteproyecto incorpora la posibilidad de sancionar no solo a quienes prestan el servicio, sino también a quienes lo promocionan o administran.
Desde la ATTV señalaron que la normativa vigente, en particular la Ordenanza 5588, no contempla un régimen específico de sanciones ni procedimientos claros para abordar estas situaciones, lo que, según indicaron, deja sin herramientas suficientes a quienes deben fiscalizar y a los trabajadores formales.
El borrador presentado propone definir expresamente qué se considera transporte ilegal de pasajeros y prohíbe su prestación mediante vehículos sin habilitación municipal. A su vez, faculta al área de Control Municipal a realizar inspecciones, labrar actas, retener vehículos y elevar actuaciones al Juzgado de Faltas.
En cuanto a las sanciones, se prevén multas que podrían alcanzar hasta 85 sueldos básicos de un inspector municipal, además de la retención preventiva del vehículo, la licencia de conducir y la eventual inhabilitación para obtener permisos municipales por un período determinado.
Otro de los puntos incorporados es la habilitación para utilizar herramientas de monitoreo digital con el fin de detectar publicaciones o grupos que ofrezcan este tipo de servicios, así como la posibilidad de coordinar operativos con la Policía de Río Negro para su control.
Finalmente, el documento solicita avanzar con el tratamiento legislativo de la propuesta al considerar que una regulación específica permitiría ordenar el sistema de transporte, establecer reglas claras y definir responsabilidades frente a una práctica que, según se expone, se encuentra en expansión.
18 marzo 2026
Viedma