El avance de situaciones de acoso escolar en ámbitos educativos motivó la presentación de un proyecto en la Legislatura de Río Negro que apunta a incorporar el bullying como contravención dentro del Código vigente, habilitando nuevas herramientas de intervención institucional.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Javier Acevedo, del bloque CC-ARI Cambiemos, con el acompañamiento de su par Roberta Scavo, y propone modificar la Ley N° 5592 para incluir un artículo específico sobre acoso escolar. Según explicó el propio Acevedo, la propuesta busca dar respuesta a un fenómeno que definió como multicausal y complejo, con creciente presencia en entornos educativos.

El proyecto establece que el acoso escolar comprende toda forma de agresión física, verbal, psicológica o social ejercida de manera intencional y reiterada entre estudiantes, incorporando agravantes en casos vinculados a discapacidad, género, orientación sexual, raza o nacionalidad, en línea con una perspectiva que contempla la diversidad y la protección de grupos vulnerables.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la posibilidad de intervención directa del Juzgado de Paz, sin necesidad de una denuncia penal previa cuando no se configuren delitos. En esos casos, tanto las familias de las personas afectadas como las instituciones educativas podrán recurrir a esta instancia para abordar la situación.

El texto también introduce la responsabilidad de madres, padres o personas adultas a cargo cuando sus hijas o hijos sean señalados como agresores. En ese marco, el juez o jueza interviniente podrá requerir el cumplimiento de protocolos escolares y, ante eventuales incumplimientos, aplicar sanciones progresivas que incluyen amonestaciones, asistencia obligatoria a talleres, multas o trabajo comunitario.

Según se detalla en el proyecto, las multas que eventualmente se apliquen deberán destinarse a campañas de concientización y prevención, mientras que las escuelas tendrán la obligación de articular acciones con el ámbito judicial y garantizar la intervención de equipos interdisciplinarios.

La propuesta se inscribe en una línea de iniciativas similares en otras provincias. De acuerdo a lo planteado por el legislador, jurisdicciones como Mendoza, Neuquén y Salta avanzaron en normativas que contemplan la responsabilidad parental frente a situaciones de acoso escolar, con distintos esquemas de sanciones.

Acevedo señaló además que el proyecto se enmarca en los principios de la Ley Nacional N° 26.061, vinculada a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y remarcó que la iniciativa respeta el interés superior del niño, el derecho a ser oído y evita la criminalización temprana. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales disponibles para abordar casos que exceden las respuestas pedagógicas habituales.