Miles de afiliados de PAMI en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa enfrentarán desde este lunes nuevas restricciones en el acceso a la atención médica, en medio de una profundización del conflicto entre la obra social y clínicas y sanatorios privados de la región. A la suspensión de cirugías programadas vigente desde la semana pasada se sumará el corte de consultas programadas, prácticas y procedimientos ambulatorios, una medida que agrava la tensión sobre el sistema prestacional.

La decisión fue comunicada por las entidades prestadoras en una nota dirigida al titular del INSSJP-PAMI, Esteban Leguízamo, en la que atribuyen la escalada del conflicto al deterioro de los aranceles y a la falta de respuestas del organismo nacional. Según plantearon, quienes no requieran atención de urgencia o emergencia deberán abonar las prestaciones como pacientes particulares o enfrentar la suspensión de turnos sin fecha cierta de reprogramación.

El nuevo escenario impacta de lleno en la atención cotidiana de afiliadas y afiliados, ya que alcanza estudios, consultas y procedimientos ambulatorios que forman parte de la cobertura habitual. Desde los establecimientos privados advirtieron que la situación compromete la operatividad del sistema y alertaron sobre un cuadro de creciente fragilidad en la red sanitaria vinculada al PAMI.

La advertencia va más allá de las medidas anunciadas para el lunes. Prestadores señalaron que, si no se produce una recomposición económica inmediata, el conflicto podría ingresar en una fase todavía más crítica durante los primeros días de mayo, cuando incluso las guardias médicas podrían verse alcanzadas por restricciones, con impacto directo sobre la cobertura de las personas afiliadas.

En ese marco, las clínicas y sanatorios reclamaron una reunión urgente con las autoridades del organismo para discutir una actualización de valores y adecuaciones en los módulos prestacionales que permitan sostener la atención. Plantearon que sin cambios inmediatos el esquema vigente se vuelve inviable para los efectores privados que atienden a beneficiarios del instituto.

La profundización de las medidas suma presión a un conflicto que ya venía generando preocupación en el sector salud y entre personas jubiladas y pensionadas que dependen del PAMI para tratamientos, controles y procedimientos. Mientras no aparezca una salida negociada, la incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones crece en toda la región.