El proyecto del Poder Ejecutivo que propone habilitar la libre elección de obra social para las y los trabajadores estatales de Río Negro generó cuestionamientos y dudas en la representación gremial del Ipross. Omar Pizzio, vocal gremial en representación de UPCN, puso el foco en el mecanismo previsto para derivar los aportes, las dificultades que podrían tener las personas jubiladas y la situación financiera y prestacional que atraviesa actualmente la obra social provincial.

Pizzio explicó que los integrantes de la Junta de Administración conocieron la existencia de la reforma durante una reunión realizada el 7 de septiembre, cuando la presidenta del organismo les comunicó que el gobernador presentaría próximamente el proyecto. En ese momento, aclaró, todavía no habían recibido información sobre los contenidos de la iniciativa ni conocían quiénes habían participado de su elaboración.

El vocal gremial señaló que, una vez que el proyecto fue presentado en la Legislatura y sus principales características comenzaron a difundirse públicamente, aparecieron consultas desde distintas delegaciones de la provincia, especialmente relacionadas con el destino de los aportes que actualmente realizan las personas afiliadas al Ipross.

Uno de los puntos que Pizzio puso bajo análisis es el mecanismo mediante el cual se financiaría la eventual afiliación a otra obra social. El proyecto contempla que el aporte realizado por cada trabajador o trabajadora pueda ser destinado a la entidad que elija, aunque el Estado provincial continuaría actuando como agente recaudador.

El vocal gremial explicó que, para quienes se encuentran en actividad, el aporte es del 4% del salario, mientras que en el caso de las personas jubiladas alcanza el 5,5%. Esos fondos serían recaudados por la Provincia y posteriormente transferidos a la obra social que haya elegido cada afiliado o afiliada.

Pizzio también se refirió al destino que el proyecto establece para una parte de los recursos. Allí se contempla una distribución que incluye un 3% para planes oncológicos, un 2% para discapacidad y otros programas, mientras que el porcentaje restante estaría destinado a farmacia ambulatoria y tratamientos crónicos.

Para el representante de UPCN, esa distribución merece ser discutida porque implica sostener determinados componentes del sistema solidario del Ipross a partir de recursos vinculados con los aportes de las personas afiliadas.

La situación de las personas jubiladas

Uno de los aspectos que Pizzio consideró más relevantes está relacionado con las personas jubiladas, debido a que sus haberes son liquidados por el sistema previsional nacional. El proyecto establece que, para que una persona pasiva pueda optar por otra obra social, será necesario resolver previamente el mecanismo con Anses, organismo que liquida los haberes previsionales. Pizzio advirtió que, si no se alcanza un convenio entre el Gobierno de Río Negro y las autoridades nacionales, esa posibilidad podría quedar limitada en la práctica.

El vocal gremial recordó que las personas jubiladas fueron históricamente uno de los sectores que más plantearon la posibilidad de dejar el Ipross y optar por otra cobertura. En ese sentido, mencionó a PAMI como una alternativa que durante años estuvo disponible, aunque sostuvo que la situación de ese organismo se deterioró y que actualmente mantiene deudas con prestadores.

El costo de las prestaciones

Más allá de la discusión sobre la libre elección, Pizzio planteó que también es necesario analizar la situación financiera y prestacional del Ipross. Explicó que la obra social debe afrontar diariamente costos elevados para sostener determinadas coberturas y tratamientos.

Entre los casos que mencionó están los planes especiales para tratamientos oncológicos y de VIH, que pueden representar erogaciones muy importantes para el organismo. Pizzio señaló que existen pacientes cuyos tratamientos demandan más de cien millones de pesos mensuales en medicación especial.

Como ejemplo, mencionó un caso en Viedma cuyo tratamiento requiere alrededor de 90 millones de pesos por mes. Aclaró que no corresponde identificar a las personas involucradas y planteó que este tipo de situaciones forman parte de los costos que debe afrontar una obra social basada en un esquema solidario.

Para Pizzio, estos gastos deberían formar parte del análisis sobre el funcionamiento del Ipross y sobre cualquier modificación que se pretenda realizar en su sistema de financiamiento y cobertura.

El pedido para reunir al Consejo Asesor

Después de conocer el proyecto, Pizzio contó que desde el ámbito sindical surgió la propuesta de convocar al Consejo Asesor del Ipross, espacio en el que participan representantes de las organizaciones gremiales. La intención, explicó, es contar con una instancia donde puedan conocerse las distintas posiciones y analizar el proyecto antes de que avance su tratamiento legislativo. Pizzio reconoció que existen diferentes miradas entre las organizaciones sindicales, con posturas de distinto grado de cuestionamiento frente a la iniciativa.

Al momento de la entrevista, todavía no había una convocatoria confirmada para una reunión del Consejo Asesor. Mientras tanto, el proyecto avanzaba hacia el tratamiento en comisiones de la Legislatura y se esperaba la posible participación de la presidenta del Ipross en ese ámbito. Pizzio adelantó que solicitarán autorización para participar del debate en las comisiones legislativas y plantear allí las observaciones que surgen desde la representación gremial.