La posibilidad de que las y los trabajadores estatales de Río Negro puedan elegir otra cobertura de salud además del IPROSS abre una discusión que va más allá del costo mensual: qué ocurre cuando una persona necesita una prestación de alta complejidad, debe ser derivada fuera de la provincia o requiere tratamientos prolongados y de elevado costo.

Ese aspecto fue planteado por Clara Busso, quien durante seis años se desempeñó como vocal gremial en el IPROSS y conoce desde esa función parte del funcionamiento de la obra social. Busso aclaró que sus consideraciones surgen de esa experiencia y no necesariamente representan la posición institucional actual de UNTER.

Para la exvocal, uno de los puntos centrales del sistema es su carácter solidario. Explicó que quienes trabajan realizan aportes de acuerdo con sus salarios, pero la cobertura no queda determinada por cuánto aporta individualmente cada persona, de manera que quienes utilizan menos prestaciones también contribuyen a sostener las necesidades de quienes atraviesan situaciones sanitarias de mayor complejidad.

En ese esquema, la alta complejidad ocupa un lugar relevante. Busso mencionó casos de niñas y niños que debieron permanecer durante períodos prolongados en centros especializados fuera de la provincia, además de situaciones que requieren ambulancias aéreas y derivaciones a instituciones de otras jurisdicciones.

La dimensión territorial también aparece como un factor a considerar. La posibilidad de contratar una cobertura por fuera del IPROSS no implica necesariamente, planteó Busso, que una familia rionegrina tenga garantizadas de la misma manera prestaciones, traslados, alojamiento y acompañamiento cuando debe viajar cientos de kilómetros para recibir atención.

La exvocal puso como ejemplo las situaciones de alta complejidad que requieren derivaciones, tratamientos prolongados, alojamiento o traslados fuera de Río Negro. En esos casos, consideró que no alcanza con analizar si una cobertura alternativa resulta más conveniente en términos económicos, sino que es necesario saber qué respuesta ofrece cuando la persona necesita prestaciones que pueden implicar costos muy elevados.

A esto sumó una pregunta sobre el futuro del sistema que, en su análisis, tiene una respuesta concreta. Si una persona deja el IPROSS, contrata otra cobertura y con el tiempo necesita una prestación que esa empresa no contempla o no resuelve de manera suficiente, la atención terminaría recayendo sobre el sistema público de salud, planteó Busso. De esa manera, el Estado podría terminar absorbiendo una parte de los costos que hoy afronta el esquema solidario de la obra social provincial.

Otro de los riesgos que mencionó es el denominado “descreme”: que quienes tienen mayores ingresos y utilizan menos prestaciones sean los primeros en optar por otras coberturas. Si una parte de ese grupo deja de aportar al sistema solidario, advirtió, la composición del IPROSS podría modificarse y aumentar proporcionalmente el peso de quienes requieren tratamientos más costosos.

Busso también marcó que el IPROSS tiene problemas que no deberían ser ignorados. Mencionó trabas administrativas, controles y procedimientos poco claros que pueden terminar generando dificultades para las personas afiliadas, y consideró que esas situaciones alimentan parte de las críticas que recibe la obra social.

Al mismo tiempo, sostuvo que el sistema debería mostrar con mayor claridad cómo utiliza sus recursos. En ese sentido, propuso transparentar cuánto representan para la obra social prestaciones como tratamientos oncológicos, traslados sanitarios, ambulancias aéreas, trasplantes y otras prácticas de alta complejidad.

La discusión, desde esa perspectiva, no pasa solamente por conservar o modificar la obligatoriedad de permanecer en el IPROSS. También involucra definir qué sistema de salud se quiere sostener, cómo se financian las prestaciones más caras y qué cobertura concreta tendrá una familia cuando enfrente una situación sanitaria que exceda las consultas y tratamientos habituales.

Busso reconoció que existen afiliados que tienen reclamos y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la obra social. Pero planteó que, al mismo tiempo, quienes defienden el modelo solidario tienen el desafío de explicar con mayor claridad cuáles son sus fortalezas y cuánto cuesta garantizar determinadas prestaciones que, por su complejidad, difícilmente puedan resolverse de manera individual.

En ese marco, la eventual libre elección de obra social abre una discusión que excede la posibilidad de cambiar de prestador. El punto que Busso puso sobre la mesa es qué sucede con la solidaridad y con las prestaciones de mayor costo cuando las necesidades de salud dejan de ser individuales y requieren una estructura capaz de sostenerlas en el tiempo.