8 noviembre 2011 Río Negro Comentar

Iribarren denuncia que el Consejo de la Magistratura difirió el tratamiento de un expediente (149 CM II-1999) iniciado en su contra ante una denuncia formulada en 1999 por Carlos Larreguy, como vicepresidente de la Comisión Especial de Seguridad, en la que se pedía investigar las conductas de Iribarren y Meyret por presuntas omisiones o irregularidades en la investigación del “Triple Crimen”.

El denunciante advierte que a pesar de haberse dictado sentencia definitiva en la causa principal, ninguna decisión se tomó en el sumario iniciado en el Consejo de la Magistratura.

Según explica Iribarren, posteriormente a que la Comisión Especial de Seguridad remitiera un informe final al Consejo de la Magistratura, se inició otro expediente (075/06). Luego de la designación del auditor general como instructor sumariante, en noviembre de 2006 el STJ ordenó la activación del sumario y el inicio de la investigación premilinar. El 15 de octubre de 2008 el auditor general dictaminó y el 12 de diciembre de ese año el Consejo de la Magistratura ordenó realizar el sumario.

Iribarren plantea que se iniciaron dos expedientes (075/06 y 149 CM II-199) y en ambos se investigan los mismos hechos. Asegura que los diferentes presidentes del Consejo de la Magistratura que han actuado desde la denuncia efectuada en abril de 1999 hasta el 2009 “han deliberadamente incumplido con su obligación de respetar los plazos legales establecidos por la legislación vigente, para la iniciación y conclusión de un sumario administrativo que tiene por objeto determinar la responsabilidad o no del juez.

El denunciante advierte “una clara voluntad (dolo) de incumplir con todos los plazos previstos por la ley para concluir un sumario administrativo”.

Por otra parte, estos hechos también fueron denunciados penalmente, la causa se encuentra en pleno trámite y está provisoriamente radicada en el juzgado de Ejecución Penal NºX.

La denuncia presentada ante la Sala Acusadora excluye al ex juez Luis Lutz “por haber dejado el cargo”. Según el denunciante, la conducta de los miembros del STJ encuadraría en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Iribarren denuncia haber estado bajo sumario durante once años por la causa “triple Crimen”: “Este proceso 'kafkiano' afecta todos los principios constitucionales sobre debido proceso y defensa en juicio”, asegura.

“Pero más allá de mi calidad de juez -añade-, el hecho de estar bajo sospecha por más de una década me resulta humillante como persona. Mi dignidad, honra, imagen y honor se encuentran permanentemente afectados por la irresponsabilidad de los denunciantes y la complicidad de los órganos del Estado, que sin asumir las responsabilidades que le caben, permiten que a un ciudadano de la Provincia de Río Negro se le conculquen los más elementales Derechos Humanos”.

Por otra parte, como segunda causal del pedido de juicio político, Iribarren advierte que tanto Balladini como Sodero Nievas intervinieron activamente en la causa que motivó su juicio político (el de Iribarren).

Según el denunciante, ambos jueces, como presidentes del Consejo de la Magistratura integraron el STJ que confirmó la condena de Claudio Kielmaz. “En ese extenso fallo evaluaron la prueba producida durante la instrucción y en el debate oral. Sacaron conclusiones, expresaron críticas, avalaron procedimientos e intervinieron en los recursos extraordinarios presentados por el condenado”, indica.

Iribarren plantea que desde el comienzo del sumario que se le inició era obligación de Balladini y Sodero Nievas excusarse por ser un deber impuesto expresamente por la ley.