Silvia Jañez, secretaria Legal y Técnica de la provincia, dijo a La Palabra estar “perpleja” por el allanamiento. Explicó que el juez reclamaba registros de los decretos 317, 318 y 319 del 2007 y "se les entregó copia de los boletines oficiales en los que figuraban estos decretos".

“No sabemos de que causa se trata, lo que querían era información pública que ya estaba en el boletín oficial y que se encuentra en la biblioteca del Poder Judicial donde podría haber pedido la información el juez”, señaló Jañez.

Agregó que “es un tema que preocupa desde el punto de vista institucional porque hay una especie de gimnasia la de los allanamientos cotidianos”.

Jañez señaló que con este operativo se logró “una noticia y titular” y se trata de “un conflicto de poderes que lesiona gravemente al gobierno”.

El enojo de Saiz

El Gobernador Miguel Saiz se reunió este mediodía con el Juez Carlos Reussi, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Viedma y con el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a los efectos de manifestar su rechazo a las medidas.

Consideró las medidas "violatorias de la independencia de Poderes" como también que “ha habido un allanamiento ilegítimo y un abuso de autoridad”.

El Gobernador señaló que “tuve una entrevista primero con el Juez Reussi y solicité una audiencia con los miembros del Superior Tribunal de Justicia, porque en primer lugar que se ha violado la independencia de Poderes, en segundo lugar ha habido un abuso de autoridad y, en tercer lugar, ha habido un allanamiento ilegitimo, sin fundamentos y se ha avasallado la independencia del Poder Ejecutivo con un claro desconocimiento supino del Derecho”.

Consideró el mandatario provincial que “lo que se ha ordenado esta mañana en un allanamiento es el secuestro de tres Decretos (317, 318 y 319) que están publicados en el Boletín Oficial, con lo cual son documentos públicos”.

Calificó Saiz que el Gobierno presencia un “festival de allanamientos” y solicitó a los periodistas presentes al momento de culminar el encuentro “que hagan un recuento de cuantos allanamientos se hicieron en 8 años y cuantos se han hecho en los últimos 60 días. Los de  hoy coinciden  justamente con la presencia de todo el espectro político que vienen a buscar sus diplomas, en vez de dirigirse a la Biblioteca del Poder Judicial a buscarlos donde están estos Decretos”.

Adelantó el Gobernador que “en las próximas horas le vamos a estar planteando por escrito la violación a la independencia de poderes y estoy analizando la denuncia penal por abuso de poder y allanamiento ilegitimo por parte de Reussi”.

Durante la entrevista con el titular del Juzgado 2 de Viedma, señaló que el juez a cargo “dijo que está en una etapa de investigación, que está pedido por fiscales. Pero es el juez el que mide y meritúa la razonabilidad de lo que las partes piden. Y vuelvo a insistir, en este festival de allanamientos han cometido un grueso error, porque fueron a buscar estos tres Decretos que están publicados en el Boletín Oficial y son documentación pública, por lo tanto era mucho más fácil, pero menos estrepitoso o menos mediático, venir a la Biblioteca del Poder Judicial, buscar los Boletines Oficiales y tener el texto de los decretos, que ir a hacer una orden de allanamiento a la Casa de Gobierno, a la Secretaría Legal y Técnica, para buscar estas copias”.

Señaló el Gobernador que Reussi le explicó que “fue un pedido del fiscal y que está en una etapa investigativa de una causa, que no se cuál es y además no conozco los fundamentos, porque para hacer una Orden de Allanamiento, hay que tener los fundamentos de la necesidad, de la urgencia y del peligro que pudiera suscitarse de desaparición de documentación si no se hiciera esa medida”.
En este sentido, Saiz consideró que “no está merituada la necesidad ni la urgencia por la cual se toma una medida extrema como es una Orden de Allanamiento, que la puedo justificar si hubiera habido una negativa frente al pedido -cosa que no hubo- para buscar tres decretos que, vuelvo a insistir, están publicados en el Boletín Oficial”.

En tanto respecto al diálogo con los jueces Hugo Sodero Nievas y Alberto Italo Balladini del Superior Tribunal de Justicia “les he planteado el conflicto de Poderes, como así que hubo abuso de autoridad, allanamiento ilegítimo y quizás, lo que más me preocupa, que hubo un desconocimiento supino del Derecho”.

“Los Decretos están vinculados con un cargo que se le dio a Silvia Martínez en el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV),  una readecuación presupuestaria y una adjudicación de un área hidrocarburífera de Puesto Morales”.

Consideró finalmente que “no fueron a buscar expedientes. No estamos hablando de expedientes sino de Decretos publicados en el Boletín Oficial, son documentación pública y los tienen en la Biblioteca”.