Las actuaciones se presentaron a los efectos de procurar que se realicen las investigaciones pertinentes en relación a los procesos licitatorios para la provisión de alimentos en penales de la provincia de fechas 23/04/12 y 15/05/12 y que se determinen las responsabilidades que les competen a los funcionarios que intervinieron en estos procesos.

Motivaron estas denuncias las faltas de justificativos que fundamenten el cese de los contratos que preveían el abastecimiento de alimento hasta septiembre de 2012.

En tal sentido, el ministro Lastra destacó que “esta situación no escapó al conocimiento de las anteriores autoridades y oportunamente no se tomaron medidas al respecto”.

Agregó el titular de la cartera gubernamental que estas circunstancias aportaron un elemento más a la declaración de Estado de Emergencia del Servicio Penitenciario Provincial, “ante la grave situación de crisis institucional en que se encuentra desde hace ya varios años”.

Estas decisiones “propenden a la re-institucionalización del Servicio Penitenciario de Río Negro y al fortalecimiento de su organización y funcionamiento”, añadió Lastra.

En este contexto, el Ministerio de Gobierno “articula las medidas necesarias para garantizar el adecuado aprovisionamiento de alimentos en los penales, como también las acciones tendientes a subsanar la situación de emergencia heredada, producto de años de desinterés de las anteriores gestiones en la concreción de verdaderas y efectivas políticas en materia penitenciaria en el marco de un Estado democrático de derechos”, concluyó el ministro.