El cierre de la revisión de las condenas por la muerte de Gabriel Mandagaray dejó para su familia algo más que una resolución judicial: después de un proceso que inicialmente avanzó con rapidez, llegaron casi tres años de idas y vueltas entre los tribunales, que terminaron confirmando las mismas condenas que habían sido dictadas originalmente.

Damián Torres, abogado de la familia de Mandagaray, planteó que esos tiempos no forman parte de una duración normal de la Justicia y marcó una diferencia entre la primera etapa del expediente y el recorrido posterior. Recordó que Gabriel murió el 15 de abril de 2021 durante un curso del COER en Bahía Creek y que para abril de 2023 la causa ya había llegado a juicio.

El abogado destacó que, para noviembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación ya había revisado y confirmado las condenas. “Era rápido”, sostuvo al reconstruir esa primera parte del proceso. El punto de inflexión, indicó, se produjo cuando la causa llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el máximo tribunal provincial ordenó una nueva revisión al considerar que la sentencia no había sido revisada de manera suficiente.

A partir de allí, explicó Torres, el expediente comenzó un recorrido que implicó sucesivas intervenciones de los tribunales. El Tribunal de Impugnación volvió a analizar las condenas y las confirmó, pero el expediente regresó al STJ, que nuevamente consideró que la revisión no había sido suficiente y ordenó otra intervención.

“Estuvimos hasta ayer con casi tres años dando vueltas, que estuvieron completamente de más, porque además se volvió a confirmar lo mismo”, afirmó el abogado en una entrevista. Para Torres, la discusión sobre las garantías de revisión de una condena está dentro de las facultades del máximo tribunal, pero cuestionó la extensión que terminó teniendo ese proceso.

El abogado sostuvo que esa demora también debe analizarse desde el lugar de la familia. “La familia justiciable”, la definió, para remarcar que detrás de cada instancia judicial hay personas que deben atravesar nuevamente los hechos y las discusiones sobre lo ocurrido.

En ese sentido, planteó que cada revisión implicó para los padres de Gabriel volver sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. “Cada revisión fue revictimizante para ellos”, señaló, al explicar que la discusión judicial volvía una y otra vez sobre lo ocurrido el 15 de abril de 2021.

Torres también hizo referencia al hijo de Gabriel, que durante estos años fue creciendo sin su padre. “Está creciendo sin su padre y la madre no pudiéndole decir qué pasaba con el caso de su papá”, expresó. Para el abogado, ese aspecto tuvo un peso particular en la manera en que la familia atravesó la prolongación del expediente.

La expectativa, explicó, había sido que una vez realizado el juicio y las primeras revisiones, el proceso pudiera encaminarse hacia una definición que permitiera a la familia hacer el duelo y cerrar una etapa. Las sucesivas revisiones, en cambio, prolongaron la incertidumbre durante varios años.

Torres reconoció que el STJ tiene la facultad de revisar las decisiones judiciales y que la intervención del máximo tribunal provincial no estaba fuera de sus atribuciones. Sin embargo, diferenció esa potestad de los tiempos que insumió el procedimiento. “¿Podrían haberse evitado tres años? Sí, pero ya está, ya pasó y es lo que hubo”, resumió.

La resolución conocida ayer, que confirmó nuevamente las condenas y agotó las instancias provinciales de revisión, genera así una situación particular para la familia: el resultado judicial coincide con el que había surgido de las instancias anteriores, pero llega después de un extenso recorrido de revisiones.

En cuanto a los cuatro condenados, Torres explicó que hasta ahora permanecían cumpliendo pautas de conducta, debido a que las sentencias todavía no habían adquirido firmeza. Con el cierre de las instancias provinciales, planteó que deberá analizarse nuevamente esa situación.

El abogado explicó que una modificación legislativa incorporó como elemento a considerar el agotamiento de los recursos provinciales para analizar una eventual privación preventiva de la libertad, aunque aclaró que las condenas todavía pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los cuatro condenados recibieron penas de cumplimiento efectivo, todas superiores a cuatro años. Alejandro Gabriel Gattoni fue condenado a 4 años y 10 meses; Alfredo Roberto Nahuelcheo, a 4 años y 6 meses; mientras que Marcelo Ariel Contreras y Maximiliano Ariel Vitali Méndez recibieron 4 años y 3 meses cada uno. También fueron inhabilitados para ejercer funciones policiales.

Para Torres, el cierre de la revisión provincial permite dejar atrás una etapa que se extendió mucho más de lo esperado por la familia. Pero el resultado no elimina el impacto de los años transcurridos. “Si había algo que querían hacer era hacerlo rápido para que la familia haga el duelo, pero no así dilatando tres años”, sostuvo.

La única instancia que eventualmente podría quedar abierta es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si alguna de las partes decide recurrir. Mientras tanto, para la familia Mandagaray termina en Río Negro un proceso de revisión que, de acuerdo con la mirada de su abogado, pudo haber concluido mucho antes.