7 noviembre 2012 Gremiales Comentar

"Este sistema de remuneraciones nació de la mano de la corriente neoliberal mediante la reforma del banco mundial, que pretendía transformar al Poder Judicial en un negocio para pocos, implementado de la mano de Luis Lutz, Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas con el único propósito de beneficiar a los amigos de siempre y como contra partida terminar con la tan anhelada carrera judicial", cuestionaron.

Señalaron que en la actualidad "estamos pagando las consecuencias de esta política arbitraria, se generaron divisiones y desigualdades atribuibles solo al STJ y por sobre todas las cosas marginando y precarizando laboralmente a los trabajadores".

"Cabe destacar la ilegalidad que se cometió al percibir las bonificaciones por parte de los magistrados y funcionarios de más alto rango, al recibir las mismas, por tareas que ya están descriptas dentro de sus funciones y por las cuales ya cobran el sueldo", señalaron.

Dijo que luego y con el correr de los años "se transformó en una cuestión más maliciosa ya que las horas extras que debían hacer los empleados judiciales, por acumulación de trabajo, falta de personal, y crecimiento demográfico, empezaron a pagarse bajo este régimen, y en vez de pagarse como horas extras remunerativas, que es lo que corresponde, se otorgaba una bonificación equivalente a la suma de $300 en negro".

"De esta manera se pergeñó este sistema para que una vez que cayera por su propio peso, por presiones gremiales y políticas, el STJ tendría su excusa perfecta para no entregar la información pública solicitada, ya que los mismos argumentarían a favor de los 'empleados' el derecho a la reserva, para ocultar la clandestinidad de sus propios hechos", dijeron.

Remarcaron que los empleados del Poder Judicial "no tenemos nada que esconder, ni que ocultar, nosotros pugnamos incansablemente por la transparencia y la igualdad en los sistemas de bonificaciones y remuneraciones. Por lo tanto exigimos que se publiquen los listados, ya que no solo hemos denunciado esta situación sino que seguimos requiriendo la misma durante casi una década, los datos de los listados son públicos y como todo acto de gobierno de uno de los poderes del estado deben ser publicitados".