Ello, por cuanto califica de “inmoral” y de “nueva avanzada del STJ” la respuesta que brindara ese Tribunal a la solicitud de opinión que le fuera requerida por la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Leg. Tania Tamara Lastra.

La respuesta del STJ: Luego, dice que el STJ ha utilizado “métodos ladinos mediante escritos de último momento con amenazas de anticonstitucionalidad de la ley”, cuando lo que se ha hecho es dar la opinión sobre un proyecto que en parte de su articulado podría ser contrario a postulados constitucionales, en el momento que se entendió oportuno y por las razones que se enunciaron.

En otro párrafo de la agraviante solicitada dice que los actuales integrantes del STJ celebraron acuerdos en la Secretaria de Estado de Trabajo y que fueron "obligados a cumplirlos", cuando ninguno de los que hoy integran el Superior Tribunal de Justicia ha celebrado o firmado acuerdo alguno en ese ámbito. Lo hicieron dos de los jueces de la anterior integración, no obstante lo cual este Cuerpo ha honrado todos los compromisos asumidos sin que nadie lo "obligara" a hacerlo.

Es dable remarcar que opinar diferente no significa oponerse a una provincia “verdaderamente democrática y equitativa para todos los sectores”, como señala también el firmante de la proclama, sino que quien se opone a ello -en todo caso- es aquel que ejerce la intolerancia y el agravio como método.

Nótese que el firmante finaliza diciendo que “están preparados para ganar esta batalla por la razón opor la fuerza con nuestra lucha”, confesión que muestra a las claras cuáles son los principios que lo guían.

Este Superior Tribunal de Justicia ha manifestado una opinión que le fuera requerida oportunamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales, de modo fundado, en la oportunidad pertinente y en la forma que lo hace habitualmente cuando considera que puede y debe hacerlo, por lo que se rechaza de modo enfático los injustos calificativos del Sr. Pablo Barreno respecto de las opiniones que vertiera el Cuerpo y de la forma de comunicarse con el Poder Legislativo.