En este sentido es interesante considerar los datos estadísticos a la luz de las distintas realidades regionales y de la historia que explica el desenvolvimiento económico-social de cada ciudad o pueblo de la provincia.

Es cierto que las localidades que más aportan en concepto de ingresos brutos no reciben una participación similar en la distribución de esos recursos, y esto precisamente es una de las características de la descentralización o de una “redistribución” de las ganancias aplicada a la órbita de un gobierno provincial.

Resultaría ilógico que las ciudades que más ingresos brutos aportan a las arcas del Estado sean las que mayor proporción de obras públicas reciban, ya que esto reforzaría las diferencias en el desarrollo económico de las distintas  poblaciones, acentuando los desequilibrios regionales.

Al respecto, si consideramos la percepción de ingresos brutos en las cinco localidades que más tributan observamos que se llega al 79% del total recaudado a nivel provincial, de lo cual se desprende que el 21% restante se corresponde con la totalidad de las ciudades y municipios de la provincia. Sin embargo, al examinar la participación de estos dos grandes grupos se advierte que las mayores recaudadoras de ingresos brutos concentran el 48% de la obra pública provincial, mientras que las restantes localidades participan en aproximadamente el 36% en tanto que el 16% restante se distribuye en los distintos departamentos sin estar afectados a una localidad específica.

Este es el principio de redistribución de la riqueza aplicado a las localidades provinciales, y viene bien recordar como tener siempre presente que ninguna ciudad de la provincia ha podido desarrollarse por sí sola sino que siempre el estado, a lo largo de la historia, ha estado fomentando y acompañando las actividades productivas que la caracterizan, ya sea realizando inversiones en obras de infraestructura para poder desarrollar el turismo en las regiones donde predomina esta actividad o con obras para el desarrollo productivo de la actividad primaria en las principales áreas económicas de Río Negro.

Como ejemplo sirve citar la presencia clave de Parques Nacionales en todo el proceso de desarrollo de la cordillera rionegrina y las enormes inversiones que produjo para acentar las bases de esta actividad, sobre todo en San Carlos de Bariloche, o acciones equivalentes en el Alto Valle con la construcción del dique Ballester -corazón del sistema de riego de nuestra principal economía- y la presencia de Agua y Energía como herramienta fundamental de este modelo de desarrollo regional, por citar sólo dos antecedentes de la acción estratégica del estado.

Sin embargo, si bien nadie discute que una de las funciones del estado es fomentar el crecimiento de los sectores más rezagados a través de la obra pública, también es cierto que aquellas localidades que más aportan en ingresos brutos son generalmente las más pobladas y, por lo tanto, necesitan constantemente un flujo de inversiones estatales en concepto de viviendas, obras de servicios públicos, etc. ya que su propia dinámica de crecimiento hace necesaria esta inversión. Habida cuenta de ello es que la provincia destina cerca del 50% de su obra pública a estas localidades.

En tal sentido, si analizamos la inversión en obra pública per cápita de la provincia en las distintas ciudades se observa que, como una consecuencia lógica, localidades como Pilcaniyeu y Pomona cuentan con una obra pública proyectada para el año próximo en torno a 10.500 pesos por habitante, mientras que localidades como Bariloche y Villa Regina reciben alrededor de 2.500 pesos en obra pública per cápita. Esta gran diferencia, sin embargo, obedece principalmente a la cantidad de población de cada localidad ya que si comparamos los montos a invertir en las ciudades más pobladas se observa que Bariloche concentra el 18% del total de obra pública provincial y  Cipolletti el 10%.

Otro dato que es necesario considerar es que esta comparación que estamos realizando se refiere a las obras públicas que ejecuta la provincia de Río Negro a partir de distintas fuentes de financiamiento, de las cuales la más importante es la coparticipación federal de impuestos y las regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas. Cada uno de estos municipios cuenta, además, con la coparticipación de impuestos correspondiente, para cuyo cálculo y distribución se considera la cantidad de población de cada localidad, lo que permite que cada municipio pueda realizar las obras públicas que conciernen a su propio crecimiento poblacional y que la provincia pueda invertir en localidades que no cuentan con un ingreso semejante de coparticipación tributaria.

Por este motivo es importante que como rionegrinos fomentemos el espíritu federalista y se dejen de lado los criterios hiper localistas que tanto daño nos han hecho cuando se exacerban al punto de considerar que para expresar nuestro amor al lugar donde vivimos hay que odiar al vecino, como en los nacionalismos enfermizos que conducen a los pueblos a la ruina.

Por el contrario, para lograr el crecimiento y desarrollo económico que todos deseamos para la provincia es necesario que dicho crecimiento se funde a partir de un claro concepto de equidad pues si sólo una parte de la provincia es la que experimenta mejoras en sus condiciones económicas lo único que lograremos es profundizar un poco más los viejos desequilibrios que afectan la integración provincial.

En consecuencia, para poder fomentar el crecimiento de determinadas regiones que históricamente han sido relegadas o no cuentan con el privilegio de disponer de recursos naturales y paisajísticos que les prodigó la naturaleza y que forman parte del patrimonio de todos los rionegrinos, no sólo de quienes los pueden disfrutar y explotar productiva y comercialmente,  es importante y necesario que el Estado intervenga a través de una distribución de la obra pública atendiendo los principios de un desarrollo armónico y equilibrado.

(*) Presidente del Bloque de Legisladores del Frente para la Victoria