"Hacemos directamente responsable al Ministro Paillalef y al funcionario Mario Sánchez (ex concejal socialista de Patagones) por el faltante de documentación que pudiera existir. El sector que fue violentado cuenta con información de gran importancia, expedientes y movimientos contables", remarcó Aguiar.

La respuesta

Estas declaraciones fueron calificadas como “arbitrarias e incomprensibles” a través de un comunicado de prensa del Ministerio.

Aclararon que “en primer término, desde este ministerio nos enorgullece haber trabajado para que cientos de familias de distintos puntos de la provincia puedan percibir un ingreso antes de las fiestas, y de este modo equiparar las condiciones a las que accederán los asalariados del Estado provincial en oportunidad de estas fechas tan caras a las comunidades y las familias”.

Dijeron que “miles de personas festejarán este fin de año en condiciones dignas junto a los suyos. Los únicos expedientes que ‘se trabajaron’ fueron los vinculados al pago de programas sociales para garantizar estas condiciones para las familias de los sectores más vulnerables. Esto seguramente también es colaborar con la paz social”.

Del mismo modo, denunciaron la pretensión de “usar como rehenes de un conflicto laboral y sectorial a los sectores más desprotegidos de nuestra población, que son los sujetos de derecho que justifican todas nuestras acciones”.

Ratificaron el “correcto accionar de nuestros funcionarios, que ante la falta de los trabajadores que en forma ordinaria llevan a cabo estas tareas, asumieron la responsabilidad de realizar los trámites que posibilitaran el pago de los programas sociales comprometidos”.

“Que la impotencia no gobierne nuestros actos. No podemos validar la extorsión como método para discutir el salario o las condiciones laborales de un sector de la comunidad. Hoy nos debemos un análisis del conjunto de los elementos que configuran la realidad rionegrina, sin mezquindades y sin vanidades sectoriales. El Estado provincial, y este ministerio en particular, es víctima de una puja de protagonismo sindical entre dirigentes que luchan por el liderazgo”, manifestaron.

Aseguraron que su objetivo es “garantizar mejores y más dignas condiciones de vida, no sólo para los asalariados del Estado, sino también y en mayor medida, para aquellos que aún no gozan de los derechos que todos merecemos y luchamos por conquistar. En ese camino estamos y desde estas convicciones trabajamos, por eso asumimos toda la responsabilidad política y legal sobre lo actuado en virtud de resguardar los derechos de los desposeídos”.