La resolución se dictó a raíz de un planteo de sobreseimiento masivo que hizo el fiscal Oscar Cid, el mismo que hace casi un año había promovido la acción penal contra el personal del hospital.

“Estas decisiones de la justicia son importantes porque de esta manera logramos que la gente retome la confianza en las instituciones, y para aquellos que han perdido el sentimiento de pertenencia, tratar de recomponerlo”. En este sentido, Pereira sostuvo que “nunca dudamos de que el rol del Hospital Público es fundamental como recurso físico, humano y material. Las prácticas de los efectores de salud del sector -remarcó la parlamentaria- se han visto afectadas por la caída del valor social de las instituciones públicas en general, por la sobrecarga laboral, por el incremento en la demanda o por la amenaza de juicios de mala praxis y los dilemas éticos que presentan las nuevas tecnologías, entre otros problemas emergentes. No obstante, es importante destacar el mérito de todos los trabajadores de las instituciones de salud, y su compromiso en la defensa de la salud pública, gratuita y de calidad”.

A su vez, Pereira agregó: “Dado que conozco los relatos de pacientes que han sido atendidos en esta institución, considero que los trabajadores de este hospital llevan su tarea con interés, honestidad, sensibilidad y calidad. Básicamente, atienden y diagnostican los problemas de salud y en la medida de sus posibilidades los resuelven, entendiendo que resolver no siempre significa curar, significa también aliviar cuando no se puede curar, y ayudar y consolar cuando las condiciones anteriores no son posibles”, concluyó la parlamentaria.