¿Esto qué implica? Que el gobierno provincial y sus aliados (¿?) pretenden dejar sin efecto una norma que en su momento aprobaron para "transparentar" y "democratizar" el funcionamiento interno de los partidos políticos mediante la participación ciudadana en la designación de candidatos a cargos públicos electivos. Bastará, para la concreción del propósito, una "mayoría simple", es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes a la hora de la votación.
 
Para ser más claros, si esto resulta como lo prevé el oficialismo, la consecuencia inmediata será que los rionegrinos perderán la posibilidad de elegir -entre todos los precandidatos que presenten los partidos políticos- quiénes serán sus candidatos a Gobernador y Vice y los 46 legisladores que posteriormente competirán en la elección general para integrar el gobierno.
 
Con sus matices, la norma en discusión (Ley N° 4988) es una réplica de la Ley nacional “PASO” N° 26.571 adaptada a la coyuntura parlamentaria local, la que -entre otras cuestiones-, instituyó la "apertura de la fórmula” provincial para que los candidatos a Gobernador electos puedan designar como candidatos a Vicegobernador a cualquiera de los otros candidatos que hubieran participado en la Primaria bajo el mismo sello. Una exigencia polémica que no hace otra cosa que retorcer la participación ciudadana, ya que delega en quien fuera electo como candidato a Gobernador, el poder de decidir discrecionalmente a su compañero de fórmula. Algo que, en definitiva, lo que permite es resolver un “problema” interno de la “rosca” partidaria, pero no las preferencias ciudadanas  .
 
Más allá de los aspectos detallados, la Ley vigente representa un avance porque, además de construir ciudadanía, también implica un cambio de lógica al interior de las estructuras partidarias. En este sentido, por ejemplo, “las Primarias” podrían generar una renovación de cuadros a partir de la visualización de nuevos dirigentes como candidatos regionales, sorteando así los “acuerdos de cúpula” característicos de los partidos tradicionales durante los últimos 20 años.
 
Como último punto vale aclarar dos particularidades respecto de los argumentos vertidos como fundamentos centrales para impulsar la suspensión . Primero, la única "resistencia" que presentó el Decreto reglamentario apuntó a las listas “colectoras” o de adhesión que se habilitarían para las fórmulas que resultaran electas. Segundo, "la falta de capacitación del electorado, partidos políticos y autoridades de mesa", a la que hace referencia el escrito presentado resulta el más llamativo de todos. En este sentido, y para tranquilidad de los parlamentarios que aborden el tema, puede decirse que Río Negro ya tuvo dos experiencias electorales de idénticas características, signadas por una alta participación y ningún inconveniente.  
 
En agosto se cumplirán cuatro años de los comicios de 2011, oportunidad en la que se eligieron candidatos a Presidente y Vice y tres Diputados Nacionales entre los postulantes de unos seis partidos: UCR, PO, CC, PS, PPR y AFpV; y también dos años de los comicios de 2013, cuando se eligieron dos Senadores y dos Diputados entre tres listas de la UCR,  dos listas del PPR, una lista del PO, una lista de la AfpV y una del Frente Progresista. Ergo, en el plano nacional el sistema electoral se sancionó y aplicó -en los 24 distritos- en poco más de un año y medio; mientras que en Río Negro –considerablemente menor en términos poblacionales- han transcurrido más de seis meses y todavía se especula con su ejecución.
 
Al parecer, el respaldo de las experiencias suscitadas no es suficiente para concretar la aplicación de las PASO rionegrinas. Evidentemente, la cuestión no responde a un “problema operativo", sino que refleja las grandes implicancias políticas que la atraviesan. No es para menos. Hay mucho poder en juego, y a la dirigencia le interesa.
 
Sea como fuere, la próxima sesión de la legislatura se centrará en sostener o rechazar el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Lejos estará la discusión por la defensa de los derechos ciudadanos adquiridos; derechos cuya suerte continuará atada a la coyuntura política que los arreglos de turno determinen.
 
Federico Díaz 
DNI 31.162.859.
Concejal de Viedma (UCR). Politólogo.