Por la legisladora María Eugenia Martini, presidenta del bloque Frente de Todos.

En estos días la deuda pública consolidada de Río Negro superó los 100 mil millones de pesos. La mayor parte nominada en moneda extranjera, fruto del endeudamiento en acuerdo con el Gobierno de Macri en 2017, y en gravosas condiciones para la provincia. Una total falta de previsión y una peor administración.

Asumido con un dólar que en mayo de aquel año cotizaba a 17,90 pesos, la provincia ha logrado pagar hasta ahora obligaciones por 79,6 millones de dólares de los 300 originales del llamado “Plan Castello”, sobre un costo definitivo de 464,6 millones de dólares que deberán ser cancelados a mediados de 2028.

Es el financiamiento para un plan de obra pública más grotesco y oneroso en la historia de Río Negro. Tanto así, que la gobernadora Arabela Carreras confirmó que no se podrán pagar los compromisos previstos para el próximo año que rondan los 92 millones de dólares.

Las cuotas pendientes totalizan 385 millones, reestructuradas luego de que la provincia cayera en default en 2020. Hoy el fondo fiduciario que administra el Castello dispone de menos de mil dólares en la cuenta. La totalidad de las obras previstas aún no está concluida.

A finales de mayo la provincia colocó casi 2 mil millones de pesos en Letras. A mediados de junio vencerán otros 1.200 millones, pero esto no será suficiente: en septiembre vencerán 10,6 millones de dólares del Castello.

El 1 de enero de 2012, cuando Alberto Weretilneck asumió la gobernación, la deuda pública rionegrina era de 4 mil millones de pesos. Hoy, una década más tarde, sobrepasamos los 100 mil.

El buen federalismo comienza por casa. Una provincia maniatada por una deuda impagable es incapaz de planificar su desarrollo autónomo. Carece de independencia económica, no puede ejercer su soberanía política y empobrece a su propio pueblo.