El gremio estatal rionegrino UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) envió una carta a la titular del Consejo Provincial de la Función Pública, Liliana Arriaga, en la que expresa su conformidad con la última oferta salarial recibida, la cual consiste en una suma fija no remunerativa de 90 mil pesos, a aplicarse de manera escalonada.

Sin embargo, en la misma comunicación, el sindicato plantea importantes demandas respecto a la incorporación de esta suma al sueldo básico de los empleados públicos.

La misiva, fechada en el contexto de la reunión del Consejo de la Función Pública celebrada el jueves 14, enfatiza la posición del sindicato sobre las sumas fijas no remunerativas. “UPCN ha sostenido en repetidas ocasiones que estas sumas no solo impactan negativamente en la estructura salarial, sino que también contribuyen al desfinanciamiento de la obra social IPROSS, un aspecto crítico para los trabajadores estatales”, dice.

Uno de los puntos centrales del reclamo del gremio es la pérdida de beneficios adicionales que conlleva esta modalidad salarial. Se menciona la pérdida de percepciones por zona, antigüedad y aumentos en horas extras y guardias, especialmente en el sector hospitalario y otras áreas que requieren guardias continuas. Además, se hace referencia a la disminución del porcentaje acumulativo que se había logrado obtener a lo largo de varios años.

Ante estas preocupaciones, UPCN solicita a las autoridades que comuniquen de manera fehaciente un cronograma para la transición de las sumas no remunerativas a remunerativas, incluyendo los porcentajes y plazos en los que se llevará a cabo este proceso.

En relación al bono de 60,000 pesos ofrecido, el sindicato considera importante haber logrado que este beneficio sea accesible para todos los trabajadores estatales, sin límites de montos salariales, y que la primera cuota se pague durante el presente mes.

La carta concluye informando que, tras un debate exhaustivo de la Comisión Directiva del gremio, han decidido aceptar la propuesta salarial. Esto se debe a la creencia de que contribuirá a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores estatales en medio de la actual coyuntura adversa, proporcionando un alivio económico directo a los empleados públicos.