Río Negro fue una provincia
de vanguardia en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios.
Mucho antes de la sanción de
Constitución reformada del 1994 -que incorporó por unanimidad y aclamación los
derechos de las comunidades indígenas en el art. 75 inciso 17°- ya la joven
provincia había reconocido esos derechos en su propia Carta Magna y en la ley
n°2287.
Aquella norma sancionada el
12 de diciembre de 1988 -aún vigente- expresaba en su art. 1°: “La presente
tiene por objeto el tratamiento integral de la situación jurídica, económica y
social, individual y colectiva de la población indígena, reconocer y garantizar
la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como
el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional, implicando
un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales formas de vida”.
La democracia recuperada
determinó que, tras los sucesivos gobiernos elegidos por el voto popular en
Argentina, esos derechos “reconocidos y garantizados”, se fueran afianzando.
Fue con el Gobierno del Dr.
Alfonsín en 1985 que se daba institucionalidad a una realidad que algunos
preferían ignorar y aún lo hacen: somos parte de un país pluricultural que
reconoce a los pueblos indígenas como preexistente al propio Estado.
Así nacía la ley 23.302.
Pocos años después, el 1989,
el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales”, se convertía en la herramienta más importante en materia
de derechos de los pueblos indígenas en el mundo entero, al incorporar, -entre
otros- el derechos a la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA que obliga a los
Estados a “consultar a los pueblos interesados -mediante procedimientos
apropiados- cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que
los afecten directamente (art. 6 Convenio 169 OIT).
Esta obligación del Estado
se incorporó al derecho interno, al sancionarse la ley 24.071 en 1992.
Pero fue en el 2006 cuando
el ex presidente Néstor Kirchner, impulsaba en el Congreso la sanción de la ley
26.160 de RELEVAMIENTO TECNICO JURIDICO CATASTRAL de las comunidades indígenas
de todo el país, evitando así el desalojo de sus territorios a millones de
hermanos y hermanas de los más de 40 pueblos originarios reconocidos en
Argentina.
Aunque insuficiente a la luz
de los acontecimientos reciente y criticada por algunos sectores, nadie puede
negar que se trata de una “ley valiente” que fue prorrogada en cuatro
oportunidades: dos de ellas, durante los gobiernos de Cristina Fernández de
Kirchner y por decreto, por el actual presidente Alberto Fernández con vigencia
hasta el año 2025.
Esta norma supo hacerse paso
entre los intereses más diversos y mezquinos para proteger a las comunidades de
las garras de empresarios inescrupulosos -que muchas veces amparados por una
Justicia cómplice-, han pretendido adueñarse de tierras ricas en bienes
naturales comunes, como el agua, el oro, el petróleo, el litio, o simplemente,
por su alto valor inmobiliario.
Pero más allá de estos
avances de la democracia para TORNAR VIVO el contenido de Constituciones y
leyes, no podemos desconocer que el “negacionismo” ha cruzado la historia
argentina, sobre todo a partir del genocidio que significó la mal llamada
“Campaña al Desierto”.
Fue poco antes de la última
prórroga de la ley 26.160 en 2021, cuando se comenzaron a escuchar nuevamente
los discursos del odio contra los pueblos indígenas y no fue casualidad.
El clamor de aquellos que
situaron a los pueblos indígenas en el imaginario social como “enemigos
internos” durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a desparramarse como un
virus -sobre todo- en nuestra Provincia, donde los intereses por adueñarse de
la tierra y el agua del empresariado argentino y extranjero, tienen el aval
cómplice del Gobierno provincial de la Gobernadora Arabela Carreras y del
próximo Gobernador Alberto Weretilneck.
La otrora Río Negro,
orgullosa de su normativa de avanzada en el reconocimiento de los derechos de
las comunidades mapuches y tehuelches, un día se vistió de luto al ver la
sangre de inocentes asesinados que regaron sus bosques de cipreses, lengas,
alerces y araucarias.
Esa bala que mató por la
espalda a Rafael Nahuel en 2017, también destrozó aquel espíritu democrático y
progresista de nuestros convencionales del 1988.
Días antes, moría Santiago
Maldonado en un operativo ilegal de Gendarmería Nacional cuando el gobierno de
Río Negro integraba el “comando unificado” alentado por los sectores del poder
concentrado local y extranjero. Años más tarde, otra bala -esta vez proveniente
del arma de un sicario militante del discurso del odio- ponía fin a la vida de
otro joven indígena, Elías Garay.
Pero vaya paradoja. El hecho
más escandaloso de incumplimiento de la ley 26.160 por el Gobierno Provincial
que se negaba a firmar una y otra vez el convenio de relevamiento territorial-
tal como lo hacías las provincias vecinas de Neuquén y Chubut-, ocurría en
forma paralela a esos cobardes homicidios, también en Río Negro.
El Gobierno de Carreras, no
solo se negó a llevar adelante los relevamientos territoriales a más de 100
comunidades mapuches tehuelches, sino que, además, evitó la entregar de
cualquier título comunitario, obstaculizando el cumplimiento de órdenes
judiciales como lo ocurrido con la comunidad Millalonco Ranquehue, incumpliendo
su propia Constitución y sus leyes.
Por el contrario, permitió
que al calor de los grupos “antivacunas” y bajo el paraguas de la inseguridad,
surgieran agrupaciones de empresarios, políticos y funcionarios que, alzando la
bandera de la defensa de la propiedad privada, no dudaron en acusar de
“terroristas” a quienes defienden los territorios que son parte de aquella
codicia sin límites. Este fue el caso de “Consenso Bariloche” cuya inauguración
estuvo a cargo de la propia Gobernadora Arabela Carreras, del intendente
Gustavo Gennuso y de diputados nacionales rionegrinos, que de la noche a la
mañana se convirtieron en agentes del odio contra el pueblo mapuche, olvidando
que también son sus representados.
Evidentemente la vasta
normativa que nació con la democracia y nos convirtió en esa provincia de
brazos abiertos, fue sepultada y olvidada.
El derecho a la consulta
libre, previa e informada surgida del Convenio 169 de la OIT fue pisoteado en
los proyectos productivos de hidrógeno verde o en la explotación
hidrocarburífera.
La situación de los pueblos
indígenas es grave. Y puede ser peor aún si llegan al Gobierno candidatos que
basan su campaña electoral en “aniquilar” sus derechos.
Qataríes, árabes, ingleses,
y de otras tantas nacionalidades vienen por la tierra y el agua en esta nueva
configuración del proceso de extranjerización de tierras en Río Negro: compran
nacientes de agua dulce como ocurre en el Alto Río Chubut, encierran lagos
públicos en contra del interés general, aprovechan la falta de políticas
públicas para los productores rurales para quedarse con sus tierras y operan
aeropuertos en áreas de fronteras sin que el gobierno controle absolutamente
nada.
Es por eso y por muchas
injusticias más, que los rionegrinos y rionegrinas tenemos la obligación ética
de retomar el espíritu de la Constitución de 1988, a pocos días de una nueva
elección presidencial.
No olvidemos que aún hay
deudas pendientes como la Ley de Propiedad comunitaria indígenas- entre muchas
otras-, que la Democracia debe cumplir en lo inmediato y para ello necesitamos
autoridades del pueblo y que gobiernen para el pueblo.
Ejemplos para comenzar a
desandar el camino de pérdida de derechos sobran.
Basta con recordar a los
miles de descendientes de pueblos originarios que dieron su vida para recuperar
la Democracia, o los muertos indígenas que defendiendo la celeste y blanca en
la gesta de Malvinas.
Pero yendo un poco más atrás
en la historia argentina, no olvidemos a “nuestros paisanos los indios, que aún
en pelotas”, no dudaron -ni por un segundo- en acompañar al General San Martín
en aquella lucha por la tan ansiada libertad.
* Dra. Magdalena Odarda
Abogada - Magister en
Políticas Públicas y Gobierno
Diplomada en Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas
12 octubre 2024
Opinion