El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, repudió el accionar
del Superior Tribunal de Justicia al que denunció de instalar cámaras de
vigilancia y escuchas en el edificio del Poder Judicial de Laprida 292 de
Viedma.
“El STJ no cesa en su obrar totalmente persecutorio y violatorio de los
derechos de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, implementando
sistemáticamente y de manera inconsulta cambios en las condiciones de trabajo
de los mismos”, afirmó el parlamentario en los fundamentos de un proyecto de
Comunicación ingresado hoy a la Legislatura.
Consideró que esa acción “constituye una afectación a la privacidad e
intimidad de las personas (regulado en la Ley 25.326), una modificación
unilateral de las condiciones de trabajo (Artículo 14 bis de la Constitución
Nacional), una lesión al derecho de libertad de expresión y reunión (Artículo
14 de la Constitución Nacional), y una clara violación al principio de libertad
sindical (artículo 14 bis de la Constitución Nacional)”.
Además indicó que “se desconoce totalmente cuál será el personal a cargo
del funcionamiento y administración de tan fenomenal sistema de control, que
genera un material sensible de alto riesgo para la seguridad de las personas”.
Por ello, pidió el cese inmediato de la operación.
Por otro lado, junto a sus pares de bancada y del bloque Kolina pidió
informes sobre los motivos y finalidad por los que han sido instaladas las
cámaras, sus características técnicas, el proveedor, la cantidad adquirida, así
como el precio y modalidad de pago.
También pidió que se “informe la ubicación de cada cámara de video
vigilancia instalada y perímetro que abarcan y si, previo a su instalación, se
notificó de la medida a los trabajadores judiciales, al Sitrajur, a los
Ministerios de Trabajo y de Seguridad y Justicia”. También se quiere conocer
“si los registros audiovisuales obtenidos por las cámaras podrán ser utilizados
en procesos disciplinarios hacia los trabajadores y trabajadoras Judiciales,
dirigentes sindicales o en procesos administrativos o judiciales en los que
intervengan abogados litigantes y
justiciables”, entre otras cuestiones técnicas, operativas y legales.
“Se han instalado cámaras y micrófonos en todo el edificio, con lo cual
no sólo se ejerce el control de los movimientos y conversaciones del personal y
del público en los pasillos, lugar donde lógicamente no se ventilan cuestiones
sólo laborales sino también de orden personal. A la vez, es el lugar donde las
y los representantes del Sitrajur tienen conversaciones entre sí y con los
afiliados, siendo de una gravedad inusitada que las mismas puedan ser pasibles
de control por parte de las autoridades”, afirmó. “Como anticipé en 2016 se
consuma un la creación de un Servicio de Inteligencia dentro del Poder
Judicial”, sentenció.
Concluyó Barreno que “todos los concurrentes al edificio son controlados
y observados desde una oficina desconocida, por personas que poseen
instrucciones que también se desconocen pero que tienen toda la apariencia de
ser destinados a la persecución de expresiones disidentes a las de las
autoridades máximas y a todas luces inconstitucional. Esta práctica no
constituye un hecho aislado, el control abusivo por parte del Poder Judicial
como empleador tiene importantes antecedentes donde se limita la vida privada y
la libertad de expresión de las trabajadoras y trabajadores los que se vinculan
y retroalimentan”.
9 febrero 2025
Río Negro