El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, repudió el accionar del Superior Tribunal de Justicia al que denunció de instalar cámaras de vigilancia y escuchas en el edificio del Poder Judicial de Laprida 292 de Viedma.

“El STJ no cesa en su obrar totalmente persecutorio y violatorio de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, implementando sistemáticamente y de manera inconsulta cambios en las condiciones de trabajo de los mismos”, afirmó el parlamentario en los fundamentos de un proyecto de Comunicación ingresado hoy a la Legislatura.

Consideró que esa acción “constituye una afectación a la privacidad e intimidad de las personas (regulado en la Ley 25.326), una modificación unilateral de las condiciones de trabajo (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional), una lesión al derecho de libertad de expresión y reunión (Artículo 14 de la Constitución Nacional), y una clara violación al principio de libertad sindical (artículo 14 bis de la Constitución Nacional)”.

Además indicó que “se desconoce totalmente cuál será el personal a cargo del funcionamiento y administración de tan fenomenal sistema de control, que genera un material sensible de alto riesgo para la seguridad de las personas”. Por ello, pidió el cese inmediato de la operación.

Por otro lado, junto a sus pares de bancada y del bloque Kolina pidió informes sobre los motivos y finalidad por los que han sido instaladas las cámaras, sus características técnicas, el proveedor, la cantidad adquirida, así como el precio y modalidad de pago.

También pidió que se “informe la ubicación de cada cámara de video vigilancia instalada y perímetro que abarcan y si, previo a su instalación, se notificó de la medida a los trabajadores judiciales, al Sitrajur, a los Ministerios de Trabajo y de Seguridad y Justicia”. También se quiere conocer “si los registros audiovisuales obtenidos por las cámaras podrán ser utilizados en procesos disciplinarios hacia los trabajadores y trabajadoras Judiciales, dirigentes sindicales o en procesos administrativos o judiciales en los que intervengan abogados litigantes y  justiciables”, entre otras cuestiones técnicas, operativas y legales.

“Se han instalado cámaras y micrófonos en todo el edificio, con lo cual no sólo se ejerce el control de los movimientos y conversaciones del personal y del público en los pasillos, lugar donde lógicamente no se ventilan cuestiones sólo laborales sino también de orden personal. A la vez, es el lugar donde las y los representantes del Sitrajur tienen conversaciones entre sí y con los afiliados, siendo de una gravedad inusitada que las mismas puedan ser pasibles de control por parte de las autoridades”, afirmó. “Como anticipé en 2016 se consuma un la creación de un Servicio de Inteligencia dentro del Poder Judicial”, sentenció.

Concluyó Barreno que “todos los concurrentes al edificio son controlados y observados desde una oficina desconocida, por personas que poseen instrucciones que también se desconocen pero que tienen toda la apariencia de ser destinados a la persecución de expresiones disidentes a las de las autoridades máximas y a todas luces inconstitucional. Esta práctica no constituye un hecho aislado, el control abusivo por parte del Poder Judicial como empleador tiene importantes antecedentes donde se limita la vida privada y la libertad de expresión de las trabajadoras y trabajadores los que se vinculan y retroalimentan”.