Puedo -o no-, acordar con el enfoque que se proyecta para el futuro de la obra pública en nuestra nación, pero soy respetuoso de las decisiones del nuevo gobierno. Sin embargo, me encuentro profundamente preocupado por la rápida generalización que se ha hecho sobre este asunto: poniendo bajo sospecha a empresarios y políticos sin distinción, insinuando la corrupción absoluta en este ámbito.
Hablo desde mi experiencia en Viedma, junto al ex-intendente Pedro Pesatti, con quien hasta hace unos días trabajé conduciendo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas.
En los últimos cuatro años, hemos llevado a cabo múltiples proyectos, canalizando millones de pesos en obras para nuestra ciudad. Hemos trabajado en estrecha colaboración con cinco Ministerios Nacionales, ejecutando 34 proyectos para la capital, sin que se haya levantado ni una sola sospecha o denuncia.
Estamos convencidos de la transparencia que ha regido cada uno de nuestros procesos de contratación.
Es crucial reconocer que el gobierno nacional cuenta con los recursos, la información y los canales apropiados para investigar y denunciar cualquier irregularidad que pueda surgir. No obstante, es injusto colocar a todos en la misma bolsa. No todos somos iguales y es importante hacer esa distinción, porque además estamos seguros que en otros distritos debe haber gente igualmente honesta y que trabaja por sus comunidades.
Estoy comprometido con la transparencia y la integridad en cada uno de mis actos, al igual que muchos otros que han dedicado tiempo, trabajo y compromiso personal a mejorar nuestro país, a través de la obra pública.
Confío en que se pueda distinguir entre aquellos que actúan con honestidad y responsabilidad, y aquellos que no lo hacen.
25 abril 2024
Opinion