Acuerdo para restituir fondos mal administrados en club barrial

Hombre acepta devolver dinero defraudado durante su presidencia en el Club Social y Deportivo Lavalle

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En el marco de una suspensión de juicio a prueba, un individuo accedió a reembolsar en cuotas mensuales una suma de dinero que había gestionado de manera fraudulenta mientras presidía el Club Social y Deportivo Lavalle entre los años 2018 y 2022. La solución fue aceptada por la comisión directiva actual de la entidad barrial.

El hombre fue denunciado por el vicepresidente del club, quien detectó las irregularidades en la administración de fondos, que incluían disposiciones patrimoniales no justificadas por un monto superior a los 2.400.000 pesos. La Fiscalía detalló en la audiencia de hoy que estas acciones fueron realizadas "con el propósito de obtener beneficio indebido, perjudicando los intereses confiados".

Según la acusación, el acusado manipuló los fondos provenientes de diversas fuentes estatales y luego justificó estas operaciones con facturas o recibos falsos, en muchos casos sobrevalorados y correspondientes a bienes o servicios inexistentes.

La Fiscalía también señaló que "con la complicidad de una mujer", el acusado emitió 17 facturas falsas por un total de $2.225.000, utilizadas para rendir parte de los fondos ante los organismos correspondientes.

Ambos fueron imputados por el mismo delito de defraudación por administración infiel, con el hombre como autor y la mujer como partícipe necesaria.

La solución propuesta fue analizada y aceptada por la comisión directiva actual del club en una asamblea previa. Luego, la Fiscalía y las defensas acordaron aplicar un criterio de oportunidad para la mujer, que implica un pago de 20.000 pesos como reparación simbólica. El hombre, por su parte, devolverá los fondos defraudados en cuotas mensuales y realizará 50 horas de trabajo comunitario en una institución social.

Después de considerar todos estos aspectos, el Magistrado concedió al hombre la suspensión de juicio a prueba por dos años, con las obligaciones asumidas y las pautas de conducta correspondientes. En el caso de la mujer, se aplicó el criterio de oportunidad acordado con la Fiscalía.

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