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Este mediodía se realizaron los alegatos de clausura en el juicio oral y público contra un hombre acusado de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. El Ministerio Público Fiscal, con el apoyo de la querella, solicitó la declaración de responsabilidad penal del imputado.
Durante su alegato, la fiscal jefa basó su argumentación en pruebas aportadas por expertos en la detección de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil en la web. La investigación comenzó con una alerta de ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection Systems), que notificó al Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires sobre actividades sospechosas en la red peer to peer eMule.
La fiscal explicó que la IP del imputado fue identificada automáticamente junto con el código hash de los archivos descargados y compartidos. Ante esta alerta, la fiscalía inició una investigación y, con la intervención de especialistas en informática, se llevaron a cabo allanamientos en el domicilio del acusado, encontrando evidencia significativa.
En el allanamiento, se descubrieron 50 videos de abuso sexual infantil en dispositivos electrónicos del imputado. Además, se encontraron registros de búsquedas relacionadas con este tipo de material, superando los 300 términos específicos. La fiscal subrayó que el imputado tenía conocimiento y la intención de resguardar estos videos, tal como lo demostró una llamada al técnico de su computadora.
El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial identificó 99 víctimas menores de 13 años en los archivos analizados. La fiscal destacó la objetividad de la prueba producida durante los seis días de debate, basada en peritos expertos que tuvieron acceso directo a las imágenes.
La querella se adhirió al pedido fiscal, solicitando la declaración de responsabilidad penal del imputado por facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas, en concurso real con tenencia con fines de distribución. La defensa, por su parte, solicitó un veredicto de no culpabilidad o, en su defecto, la absolución por beneficio de la duda, planteando la inconstitucionalidad de los delitos de tenencia y distribución.
El Tribunal Colegiado dará a conocer la sentencia el próximo 4 de junio a las 10:30.
17 octubre 2024
Judiciales