En una medida poco común, un deudor alimentario en Viedma no podrá cargar combustible en su localidad hasta que regularice el pago de la manutención de sus cuatro hijos. Esta acción, ordenada por la jueza de Familia de Viedma, incluye la prohibición de venderle gasolina en las estaciones de servicio YPF hasta que cumpla con su obligación.

El fallo también establece que el deudor no podrá brindar servicios a un supermercado de la región sur de Río Negro, donde realiza abastecimientos de productos. Esta restricción incluye la prohibición de contratar, vender productos y ofrecer cualquier tipo de servicio al establecimiento comercial. Todo esto permanecerá vigente "hasta tanto acredite fehacientemente el pago de la prestación alimentaria en favor de sus cuatro hijos", según lo dictaminado por la magistrada.

Adicionalmente, se notificó al supermercado de esta medida, asegurando su cumplimiento. Para garantizar el pago, también se decidió embargar el 15% de las contrataciones que el deudor mantiene con la Municipalidad, involucrando contratos de locación de obras y servicios generales.

La jueza evaluará en el futuro el embargo de cuentas bancarias y plazos fijos del deudor, pero para avanzar en esta medida, la contraparte deberá especificar cuáles son las entidades financieras involucradas.

Las demandas en contexto

El fuero de Familia de Río Negro procesó, en lo que va del año, 709 demandas por alimentos, dentro de un total de 9.393 nuevos ingresos, según datos del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Estos procesos incluyen casos como el descrito, que reflejan un aumento en la litigación por alimentos, así como un considerable número de denuncias por violencia. El sistema judicial de la provincia cuenta con 16 organismos que atienden estos casos, distribuidos entre juzgados de Familia, juzgados multifueros y unidades procesales.

Este caso destaca por el enfoque inusual que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, subrayando la prioridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito judicial.