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En el marco de la investigación sobre presunto desvío de fondos en el programa habitacional Techo Digno, la Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento del ex intendente de Bariloche Gustavo Gennuso , quien será llevado a juicio por cargos de peculado. La Fiscalía solicitó avanzar con el proceso judicial para esclarecer las acusaciones que implican el mal manejo de dinero destinado a la construcción de viviendas en la ciudad.
Durante la audiencia preliminar, la defensa del ex funcionario presentó una solicitud de sobreseimiento argumentando que los hechos imputados no constituyen un delito penal. Sin embargo, el juez de juicio, en base a antecedentes del Superior Tribunal de Justicia sobre peculado, decidió desestimar el pedido, considerando prematuro cerrar el caso en esta etapa procesal. Según el magistrado, el juicio es necesario para que ambas partes puedan presentar y sustentar sus posiciones.
El fiscal jefe informó que la investigación abarca a empresarios de la construcción y ex funcionarios municipales, quienes habrían incurrido en delitos de fraude y administración infiel, además de peculado. El núcleo de la acusación radica en el presunto desvío de $105 millones que habían sido asignados específicamente para el pago a las empresas constructoras en función del avance de obra en los proyectos de vivienda.
De acuerdo con la acusación, al asumir su cargo, el imputado gestionaba fondos transferidos por el Estado nacional a una cuenta de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para financiar la construcción de viviendas sociales. La Fiscalía sostiene que el ex intendente desvió estos recursos a plazos fijos en otra entidad bancaria, maniobra que habría retirado los fondos de la administración pública sin cumplir con el fin específico para el que estaban destinados.
La cifra desviada en su momento, unos $105 millones, representa un valor actualizado de más de $10 mil millones. La Fiscalía argumenta que esta acción comprometió la administración de los fondos públicos y afectó el cumplimiento de los acuerdos de vivienda celebrados con el Estado nacional, deteriorando además la confianza depositada en el imputado por su rol público.
En el próximo juicio, la Fiscalía presentará testimonios de funcionarios en diversos niveles y peritos de la Unidad de Asistencia a la Investigación, entre otros, junto con documentación contable y bancaria que se considera clave para demostrar la supuesta malversación. La defensa del acusado también ha ofrecido su propio material probatorio, y el juez ha dado curso a las pruebas de ambas partes, requiriendo la pronta fijación de la fecha para el inicio del juicio ante un tribunal colegiado, dada la pena solicitada de cuatro años de prisión.
El delito de peculado imputado al ex intendente, en dos hechos y en concurso real, se encuadra bajo los artículos 45, 55 y 261 del Código Penal, estableciéndose su responsabilidad en calidad de autor.
7 noviembre 2024
Judiciales