Un tribunal de Cipolletti dispuso la prisión preventiva para un hombre condenado a doce años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, tras agotarse las instancias de apelación en el ámbito provincial. La medida fue dictada debido al riesgo de fuga del condenado, quien, según la fiscalía, alterna entre domicilios en el Alto Valle y la Cordillera, una región en la que enfrenta otras denuncias y cuya proximidad con los pasos limítrofes representa un factor de riesgo.

La solicitud de prisión preventiva fue realizada por la fiscalía y la querella, que argumentaron que el constante cambio de residencia del condenado y la cercanía con los pasos fronterizos podrían dificultar su localización y la ejecución efectiva de la condena. El hombre, que en la audiencia declaró tener domicilios temporales tanto en El Bolsón como en localidades del Alto Valle, no contaba con un arraigo estable, lo que fue considerado por el tribunal como un indicio de su potencial fuga.

La defensa solicitó que, en caso de que se dictara la medida cautelar, esta se cumpliera de forma domiciliaria en la vivienda de su hermana, alegando que el condenado es el único sostén de su familia. No obstante, el tribunal rechazó esta solicitud, concluyendo que el constante cambio de domicilios y la existencia de una causa judicial pendiente por desobediencia a una orden en El Bolsón demostraban que no existía una base de arraigo suficiente. Además, el tribunal constató que el condenado enfrenta otros cargos por delitos similares en esa misma región.

La resolución, que ordena la prisión preventiva efectiva, también implica el traslado del condenado a un establecimiento penitenciario, en cumplimiento de la nueva normativa procesal. Esta decisión se enmarca dentro del artículo 109 bis del Código Procesal Penal, incorporado por la última reforma legislativa provincial. Esta reforma establece que, cuando se agotan los recursos provinciales, se puede disponer la prisión preventiva para quienes hayan sido condenados a penas de cumplimiento efectivo, con el fin de garantizar que la sentencia se cumpla.

El hombre fue condenado por un tribunal de Cipolletti en diciembre de 2023, y la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación en junio de 2024. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó la condena en septiembre del mismo año. Actualmente, el caso está en espera de ser revisado por la Corte Suprema, pero hasta entonces, el condenado permanecerá bajo prisión preventiva.

La implementación de la reforma procesal penal, que acelera los plazos judiciales, permitió que el caso avance con mayor celeridad, lo que favoreció la resolución del proceso en menos de un año, incluyendo las apelaciones previas.