La Cámara Civil de Roca confirmó una sentencia que obliga al
Sindicato de Trabajadores Viales a devolver a una mujer de Villa Regina el
valor actualizado del terreno que adquirió en 2006, en el marco de una serie de
estafas relacionadas con promesas de viviendas en la provincia. La condena
incluye también la actualización del precio del lote por inflación y el pago de
intereses moratorios, debido al incumplimiento del contrato.
Entre los años 2006 y 2008, cientos de personas,
principalmente de las ciudades de Roca y Villa Regina, fueron víctimas de un
fraude relacionado con la compra de terrenos para la construcción de viviendas.
En ese periodo, el Sindicato de Trabajadores Viales, presidido en ese entonces
por uno de los condenados, promovió la venta de terrenos con la promesa de
construcción de viviendas a través de un convenio con el Instituto Provincial
de la Vivienda (IPPV). Sin embargo, las casas nunca se construyeron, y muchos
compradores quedaron sin su propiedad o la vivienda prometida.
Una de las afectadas, residente de Villa Regina, pagó en su
momento 9.000 pesos de contado por un terreno, con la promesa de que, en un
plazo de 36 meses, el Sindicato construiría una vivienda. En caso de no
cumplirse con el acuerdo, el contrato especificaba que el Sindicato debía
entregarle la escritura del terreno. Al vencer el plazo sin que se cumpliera la
construcción, la mujer solicitó la devolución del lote, pero nunca recibió
respuesta. Tras varios años de trámites y demandas, en 2016 quedó firme la
condena penal contra el presidente del Sindicato de Trabajadores Viales, quien
fue hallado culpable por las estafas que afectaron a 102 víctimas en Villa
Regina.
El caso pasó entonces a la vía civil, donde la mujer demandó
al Sindicato para recuperar el valor del terreno. A pesar de que las
autoridades del Sindicato intentaron eximir de responsabilidad a la nueva
gestión, alegando cuestiones formales y desconociendo la validez del contrato,
la justicia resolvió a favor de la demandante. En 2023, la Cámara Civil de Roca
ratificó la sentencia de primera instancia, que ya condenó al Sindicato a
indemnizar a la mujer con el valor del terreno actualizado y con los intereses
correspondientes.
El tribunal rechazó los argumentos presentados por la
defensa del Sindicato, que intentó impugnar la validez del contrato y eximirse
de responsabilidad por los hechos ocurridos durante la presidencia del
condenado. De esta forma, la justicia dio lugar a la indemnización de la víctima,
cuyos derechos fueron reconocidos tras años de reclamos y procesos judiciales.
10 diciembre 2024
Judiciales