Una mujer de poco más de 50 años, identificada como M., atravesó una situación de extrema vulnerabilidad debido a problemas de consumo de alcohol, limitaciones económicas y un hecho de abuso sexual del que fue víctima. Ante este contexto, la Defensa Pública activó un plan integral de apoyo para mejorar su calidad de vida.
Desde la Defensoría Civil de Menores e Incapaces se inició un proceso de capacidad, respaldado por informes de la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa. Las gestiones revelaron que la mujer carece de bienes propios, vive en una vivienda precaria y no cuenta con familiares que la respalden. Además, personas de su entorno se han apropiado en repetidas ocasiones de su pensión por discapacidad, lo que agravó su situación.
Entre las medidas implementadas se encuentran acciones coordinadas con salud mental, desarrollo social y vecinos solidarios. También se establecieron vínculos con instituciones como la Asociación Taller Protegido de Viedma (AtaP) para facilitar actividades recreativas que contribuyan a su bienestar emocional.
Una sentencia judicial reciente dictó la prohibición de acercamiento a dos hombres que explotaban económicamente a M. Asimismo, se solicitó que una trabajadora social asuma el rol de apoyo en la administración de sus recursos, debido a la falta de opciones familiares o comunitarias sólidas.
La Defensora a cargo señaló que el objetivo es formalizar estas estrategias en una sentencia que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la mujer, consolidando un sistema de apoyo a largo plazo.
La función de la Oficina de Servicio Social
La Oficina de Servicio Social, parte del Ministerio Público de la Defensa, asiste a justiciables en aspectos relacionados con su problemática pero no necesariamente jurídicos. Sus trabajadores y trabajadoras sociales, distribuidos en cada circunscripción de la provincia, colaboran en la atención integral de las personas en situación de vulnerabilidad, como en el caso de M., mediante el diseño e implementación de estrategias inclusivas.
Esta labor busca fortalecer redes comunitarias y facilitar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada persona, garantizando un enfoque centrado en derechos humanos.
10 diciembre 2024
Judiciales