Seis personas fueron imputadas por la Fiscalía Descentralizada de Allen por el delito de estafa, tras una investigación que involucra hechos ocurridos entre 2018 y 2024. La acusación señala que los imputados, cuatro hombres y dos mujeres, habrían simulado la existencia de la Mutual de Empleados Municipales de Allen, pese a que la entidad había sido disuelta en 2006 por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Según el fiscal del caso, los imputados falsificaron documentos esenciales, como actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas, para simular que la mutual estaba operativa. Además, habrían utilizado sellos y papelería membretada para otorgar préstamos personales y realizar otras operaciones fraudulentas.

La acusación señala que, a pesar de conocer la situación irregular de la Mutual, los imputados engañaron a empleados municipales para que firmaran fichas de adhesión, autorizando descuentos del 2% de sus haberes mensuales. A su vez, estos documentos fueron enviados al Municipio de Allen, que, al no detectar el fraude, realizó los descuentos correspondientes y transfería el dinero a cuentas de los imputados.

El daño causado no solo afectó a los empleados, quienes realizaron aportes a una mutual inexistente, sino también a la Municipalidad de Allen, que gestionaba los descuentos sin saber que los fondos eran desviados de manera indebida.

La fiscalía detalló que entre las pruebas presentadas se incluyen denuncias del intendente de Allen, actas de diversas reuniones, copias de depósitos y transferencias bancarias, y una pericia realizada por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL). La querella, en representación del intendente, adhirió a la imputación y explicó cómo la situación fue advertida recientemente por la actual administración municipal.

Por su parte, la defensa de los imputados rechazó las acusaciones, sosteniendo que no existió delito y que presentarán pruebas para refutar la imputación. El juez de Garantías intervino en la causa y estableció un período de investigación de cuatro meses, durante el cual se continuarán recabando pruebas para avanzar en el proceso judicial.