Ordenan indemnización de 81 millones por accidente en El Bolsón

Una pareja recibirá la millonaria compensación tras sufrir lesiones permanentes en un siniestro vial provocado por exceso de velocidad

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Un fallo judicial determinó una indemnización de más de 81 millones de pesos para una pareja que resultó gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en El Bolsón en febrero de 2022. La sentencia recayó sobre el conductor responsable, quien circulaba a más de 82 km/h en una zona con límite de 30 km/h, y sobre la aseguradora que intentó desligarse de su responsabilidad en el caso.

El siniestro tuvo lugar en una intersección semaforizada con luz amarilla intermitente, donde el vehículo embistió violentamente a las víctimas que cruzaban la calle. La jueza interviniente fundamentó el monto de la indemnización en las consecuencias permanentes que las lesiones dejaron en la mujer, de 61 años, y el hombre, de 58. Entre los daños reconocidos se incluyeron incapacidad sobreviniente, gastos médicos actuales y futuros, daño moral y daño psíquico.


La dimensión de las secuelas

El fallo detalló el impacto del accidente en la vida de las víctimas. La mujer sufrió fracturas en costillas y pelvis, junto con un trastorno de ansiedad que limitó significativamente su movilidad y vida social. El hombre, por su parte, quedó con secuelas físicas que afectan su desempeño como mecánico, dificultando su capacidad de trabajar. Estas lesiones, según concluyó la sentencia, tendrán efectos prolongados en su calidad de vida, lo que justificó el elevado monto de la compensación.


El rol de la aseguradora

Un aspecto central del caso fue la responsabilidad de la aseguradora, que intentó argumentar la falta de denuncia en tiempo y la supuesta conducta dolosa del conductor. No obstante, la magistrada determinó que la compañía ya tenía conocimiento del siniestro a través de una mediación previa, lo que implicó aceptación tácita de la cobertura bajo la Ley de Seguros.

La resolución subrayó la obligación de las aseguradoras de actuar de buena fe y garantizar la celeridad en los procesos de reparación económica, especialmente en casos donde las víctimas sufren daños graves y permanentes.

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