Un agente de la Policía de Río Negro sufrió un accidente mientras cumplía funciones en un edificio, lo que resultó en un traumatismo facial severo y la pérdida de varias piezas dentales. A pesar de presentar pruebas médicas y testimonios, la demanda por incapacidad presentada ante la aseguradora y la justicia fue rechazada.

El accidente ocurrió cuando una puerta de gran tamaño se desprendió y cayó sobre el rostro del efectivo. Tras el impacto, recibió atención médica de urgencia y se le diagnosticó una grave lesión en el rostro, que incluyó la pérdida de piezas dentales superiores. Posteriormente, el agente presentó su reclamo ante la aseguradora Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., que rechazó la solicitud de indemnización. En respuesta a esta negativa, el policía decidió interponer una demanda judicial.

El caso fue llevado ante la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche, que desestimó el reclamo, argumentando que las lesiones no habían generado una incapacidad indemnizable según la legislación vigente. A pesar de la negativa, el agente continuó con el proceso legal y llevó el asunto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), donde presentó informes médicos, radiografías, certificados y testimonios de compañeros que presenciaron el accidente.

Sin embargo, la ART determinó que las lesiones sufridas no causaban una disminución funcional significativa que justificara una indemnización bajo la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). A pesar de la documentación presentada, la ART rechazó la demanda y sostuvo que no existían pruebas concluyentes que demostraran el vínculo directo entre el accidente y la pérdida de las piezas dentales.

En la sentencia final, el tribunal indicó que las pruebas presentadas no cumplían con los requisitos necesarios para establecer una incapacidad laboral permanente. La pericia médica concluyó que no existían secuelas incapacitantes según los términos establecidos por la LRT. Además, se destacó que la pérdida dentaria no había sido acreditada con el grado de certeza necesario para reconocerla como consecuencia directa del accidente laboral.

El tribunal también señaló que, a pesar de que el accidente fue confirmado, no existía la obligación de indemnizar al agente debido a que las dolencias presentadas no generaban una incapacidad laboral que justificara una compensación económica bajo el régimen vigente. La sentencia no está firme y aún es susceptible de apelación, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento en el futuro.