El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una empleada judicial de la provincia de Río Negro, acusada de utilizar un certificado médico adulterado para justificar una licencia mayor a la otorgada. Según la investigación, la acusada agregó días adicionales al documento original, generando un perjuicio a la administración pública.

El hecho habría ocurrido entre el 5 y el 26 de diciembre del año pasado. De acuerdo con la acusación, la empleada modificó el certificado expedido por una profesional de la salud, agregando el número 1 delante del 7, lo que le permitió sumar diez días de licencia no prescriptos. El documento alterado fue enviado a través de los canales oficiales de la institución para justificar su ausencia laboral.

Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó las pruebas obtenidas, incluyendo informes de análisis técnicos elaborados por la Oficina de Investigaciones en Tecnología (OITEL), los cuales permitieron recuperar mensajes entre la agente judicial y personal administrativo, donde se habría registrado la presentación del certificado adulterado.

Asimismo, se incorporó un informe contable del Ministerio Público que detalla el perjuicio económico causado, además del testimonio de la profesional de la salud que emitió el certificado original y los registros administrativos vinculados a la solicitud de licencias.

La defensa pública penal que asistió a la imputada no formuló objeciones a la acusación, al considerar que se cumplían los requisitos legales. Durante la audiencia, la mujer hizo uso de su derecho a declarar.

El juez de Garantías dio por formulados los cargos por los delitos de uso de certificado falso y fraude a la administración pública, conforme a los artículos 45, 54, 296 en función del 292 y 174 inciso 5 del Código Penal.

En paralelo a la investigación penal, la Procuración General dispuso la realización de actuaciones administrativas para determinar posibles sanciones en el ámbito laboral.