El Tribunal de Juicio de Roca dictó la prisión preventiva para las cuatro personas condenadas por la estafa a la obra social Ipross, en una resolución que se dio a conocer en las últimas horas y que responde a un pedido impulsado por la fiscalía interviniente en la causa. La medida fue adoptada en forma unánime por los jueces, luego de considerar que los riesgos procesales se agravaron tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó los recursos planteados por las defensas.

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, la decisión se apoyó en el artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que permite avanzar con la prisión preventiva en casos donde se considere que existe riesgo de fuga y donde las condenas impuestas sean de cumplimiento efectivo. La fiscal jefe explicó que el rechazo del STJ al recurso de queja presentado por las defensas dejó agotadas las instancias provinciales, incrementando el principio de certeza respecto de la responsabilidad penal de las personas sentenciadas.

Durante la audiencia, la fiscalía también destacó el poder adquisitivo de los imputados y su capacidad para eludir el accionar judicial. En ese marco, se solicitó que la prisión preventiva se mantenga hasta que la sentencia quede firme o hasta que alguna otra disposición lo modifique. En relación a la situación particular de la imputada Sandra Fasano, se pidió que la detención se cumpla bajo la modalidad domiciliaria.

La querella acompañó el pedido fiscal, mientras que las defensas de los cuatro condenados plantearon distintas objeciones. En el caso de Fabio Caffaratti, su defensor propuso que el cumplimiento de la medida se realice también de manera domiciliaria. Por su parte, los representantes legales de Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró solicitaron directamente que no se diera curso a la petición de prisión preventiva.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido de la fiscalía. En los fundamentos de su resolución, los jueces valoraron la “capacidad económica, social e intelectual” de las personas involucradas como factores que podrían facilitar su evasión del proceso judicial. También remarcaron la necesidad de dar una respuesta institucional a las víctimas, incluyendo al Estado, a los afiliados de Ipross y al Colegio de Farmacéuticos, todos afectados por el accionar investigado.

El Tribunal explicó que se evaluaron las condiciones objetivas y subjetivas de los imputados, resguardando el principio de igualdad ante la ley. La resolución concluye que, a los fines de garantizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria, corresponde ordenar la prisión preventiva e inmediata detención de las cuatro personas, con la única excepción de Fasano, cuya medida será cumplida bajo detención domiciliaria.

La causa por la estafa a Ipross se originó a partir de una investigación que reveló un esquema fraudulento mediante el cual se habrían emitido recetas médicas apócrifas y facturaciones indebidas a nombre de afiliados de la obra social estatal. El perjuicio económico estimado supera los 25 millones de pesos y fue detectado gracias a una auditoría interna del organismo, que luego derivó en una denuncia penal. Durante el proceso, se acreditó que el mecanismo contó con la participación de integrantes del ámbito farmacéutico y profesionales vinculados a la red de prestadores.

Los ahora condenados fueron juzgados por su responsabilidad en la maniobra que, según las pruebas recolectadas por la fiscalía, se prolongó durante varios años. El fallo que los halló culpables fue emitido por el mismo Tribunal roquense en 2023, e incluyó penas de prisión de cumplimiento efectivo por delitos vinculados a la defraudación en perjuicio de la administración pública. La sentencia fue recurrida por las defensas, pero con el reciente rechazo del Superior Tribunal de Justicia, el proceso entra en su etapa final con la ejecución de las condenas dispuestas.