La Fiscalía de Estado de Río Negro manifestó su satisfacción por la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio que dispuso la prisión preventiva de los farmacéuticos condenados por la millonaria estafa contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). La medida alcanza a Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, quienes deberán cumplir detención inmediata, mientras que en el caso de Sandra Fasano se ordenó arresto domiciliario debido a su estado de salud.
Fuentes de la Fiscalía de Estado señalaron que la resolución constituye "una garantía indispensable" para proteger el resultado de un proceso judicial que insumió enormes esfuerzos en términos de recursos humanos y materiales. Desde el organismo remarcaron que la prisión preventiva es clave para evitar riesgos de fuga y asegurar que las condenas se cumplan de acuerdo a lo establecido por la Justicia provincial.
La causa se inició en mayo de 2019 tras una denuncia que involucró a referentes del Colegio de Farmacéuticos del Alto Valle y a una auditora de la institución. Las maniobras defraudatorias, realizadas a través de métodos informáticos y contables, provocaron un perjuicio económico que asciende a unos 70 millones de pesos, según se indicó en las audiencias. Este monto fue considerado un elemento agravante en la valoración del Tribunal para disponer las medidas de detención.
El proceso judicial, que demandó cerca de cuatro años de investigación y un año de juicio oral con más de cien audiencias, culminó con penas de entre seis y nueve años de prisión efectiva para las personas imputadas. La Fiscalía de Estado participó activamente en el impulso de la acusación junto al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer los hechos y asegurar la reparación del daño.
La solicitud de prisión preventiva se formuló luego de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazara los recursos planteados por los condenados, dejando firme la sentencia en el ámbito local. En este contexto, la Fiscalía de Estado consideró que la decisión judicial fortalece la búsqueda de verdad, justicia y reparación frente a un delito que afectó gravemente al patrimonio público.
En paralelo al proceso penal, el organismo también impulsa una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Viedma para recuperar los fondos defraudados. La acción se encuentra actualmente en etapa probatoria y contempla la inhibición de bienes de los condenados, como parte de las estrategias legales para resarcir el perjuicio ocasionado al IPROSS.
15 mayo 2025
Judiciales