El dirigente de Republicanos Unidos, Nicolás Suárez Colman, reclamó públicamente que se investigue el posible involucramiento de funcionarios públicos en la millonaria defraudación a la obra social provincial IPROSS, luego de que la Justicia condenara y ordenara la detención de varios farmacéuticos acusados de estafar al organismo por más de 4.100 millones de pesos.
En declaraciones formuladas tras conocerse el fallo judicial, Suárez Colman valoró que se haya avanzado en las condenas a los responsables privados, pero advirtió que “una justicia a medias no es justicia, es impunidad”. En ese sentido, cuestionó la ausencia de funcionarios imputados en la causa: “¿Nadie vio cómo cuatro personas se robaron semejante fortuna? ¿Nadie controló?”, planteó.
El abogado remarcó que, para que haya corrupción, “se necesitan dos partes: el privado que ejecuta y el funcionario que interviene, que fue parte o que dejó pasar”. Por eso, anunció que desde Fundación Apolo se trabaja en la preparación de una querella para solicitar la ampliación de la investigación judicial a agentes estatales que hayan tenido participación u omisiones en el funcionamiento del circuito fraudulento.
“Necesitamos poner un freno al saqueo que nos roba el futuro y los sueños”, expresó Suárez Colman, quien también subrayó el impacto directo de estos delitos en la calidad de vida de la población. “Cuando IPROSS no cubre una cirugía, un tratamiento o hay que hacer un amparo para recibir atención, es porque cada centavo que falta se lo llevaron delincuentes como estos, y hubo un funcionario que también fue parte”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el castigo debe alcanzar “a todos los responsables, del primero al último”, y reclamó que quienes hayan participado en el fraude no puedan volver a ejercer cargos públicos. Además, pidió que los montos sustraídos sean restituidos: “La única forma de frenar la corrupción es poniendo a quienes se roban lo que es de todos tras las rejas y devolviendo hasta el último centavo”.
La estafa al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) fue considerada una de las más graves en el ámbito de la administración pública de Río Negro en los últimos años. Si bien la sentencia representa un avance en términos judiciales, sectores vinculados a la transparencia y el control ciudadano insisten en que el proceso debe continuar y alcanzar a quienes, desde el Estado, pudieron haber facilitado o encubierto el delito.
15 mayo 2025
Judiciales