La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Pastoral Social de esa ciudad enviaron un documento a legisladores rionegrinos donde expresan su preocupación por el tratamiento conjunto de dos proyectos de ley que crean el Registro Provincial de Huellas Genéticas y el Instituto de la Reiterancia Delictiva. Si bien reconocen la relevancia del primero, rechazan el segundo por considerar que implica un enfoque punitivo que profundizará la crisis del sistema penitenciario.
El pronunciamiento remarca que la iniciativa sobre reiterancia “amerita un examen más profundo”, especialmente en un contexto de “condiciones de detención inhumanas” en los penales provinciales, con particular énfasis en el Penal N.º 3 de San Carlos de Bariloche. Allí, denuncian, persiste una sobrepoblación crónica, infraestructura colapsada y un sistema de privación de libertad que vulnera principios constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Según detallan, al 5 de mayo de 2025, el Penal 3 albergaba 151 personas cuando el cupo máximo autorizado por resoluciones judiciales es de 90. A eso se suman otras 82 personas detenidas en hospitales, comisarías y bajo arresto domiciliario. Las organizaciones advierten que las comisarías no son lugares aptos para alojar personas privadas de libertad y que muchos traslados se evitan por el riesgo de desarraigo familiar.
El documento subraya además las condiciones indignas para las mujeres detenidas: escasa alimentación, salidas al sol de solo una hora semanal o quincenal, falta de privacidad, y ausencia de espacios adecuados para visitas familiares o íntimas. En algunos casos, relatan, las visitas íntimas deben realizarse detrás de frazadas colgadas en los mismos pabellones, lo que viola la intimidad y dignidad de las personas.
La situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones ante la justicia provincial, la Procuración General, la Defensoría Pública y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, sin que se hayan implementado soluciones de fondo. “Siempre hemos definido el Penal 3 como un depósito de personas carente del mínimo de dignidad”, afirman, al tiempo que señalan la existencia de instalaciones eléctricas precarias, humedad, cloacas rebalsadas, espacios a oscuras y riesgos ambientales derivados de incendios pasados.
El documento cita estándares nacionales e internacionales que respaldan su posición, incluyendo la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Nelson Mandela y de Bangkok. Además, alude a directrices de la Procuración Penitenciaria de la Nación que establecen requisitos mínimos para las habitaciones de visitas íntimas, condiciones que actualmente no se cumplen en la provincia.
Para los firmantes, avanzar con un Instituto de Reiterancia sin antes garantizar condiciones dignas en los lugares de detención implicaría una forma de violencia institucional. “En las condiciones actuales, es imposible que las personas detenidas puedan reintegrarse a la sociedad con posibilidades reales de cambio”, señalan.
También advierten sobre el riesgo de seguir ampliando la población carcelaria sin resolver los problemas estructurales del sistema. “Es hora de no esconder bajo la alfombra las violaciones elementales de derechos humanos”, reclaman, y proponen reemplazar el edificio del Penal 3 —originariamente destinado a ser un geriátrico— por uno nuevo que cumpla con los estándares legales y humanitarios vigentes.
Por último, los organismos instan a la Legislatura a debatir estas cuestiones junto a los otros poderes del Estado con responsabilidad en la materia, y demandan medidas urgentes que aborden las causas profundas del delito desde un enfoque de derechos.
11 diciembre 2025
Río Negro