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El Gobierno de Río Negro denunció que la Nación continúa reteniendo fondos correspondientes al subsidio al transporte público que deben ser distribuidos a las provincias. Desde 2024, el Estado nacional dejó de enviar estos recursos, en clara vulneración de lo establecido por la Ley 23.966, que regula la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Esta situación afecta de manera directa al sistema de transporte rionegrino, que se mantiene exclusivamente con aportes provinciales.
Según los registros oficiales, en 2024 la Nación debía distribuir $55.000 millones entre las provincias en concepto de subsidios al transporte público. A esa cifra se suman $29.000 millones recaudados durante el primer semestre de 2025. Ninguna de estas sumas fue transferida a Río Negro, ni al resto de las jurisdicciones del interior del país, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que sí continúa recibiendo el subsidio nacional.
El contraste es significativo: mientras que un usuario del transporte público en Buenos Aires abona $546 para recorrer entre 12 y 27 kilómetros, una persona que utiliza el colectivo en Río Negro debe pagar alrededor de $2.000 por trayectos menores, aun con el subsidio provincial vigente.
En este contexto, el gobierno provincial destinó en 2024 un total de $3.581 millones para sostener el sistema de transporte, y este año comprometió $4.115 millones para mitigar el impacto de las tarifas. A pesar de no recibir fondos nacionales desde 2023, la Provincia mantiene la asistencia económica a empresas de transporte de corta y larga distancia por más de $2.535 millones anuales, con prioridad en las regiones Andina y Alto Valle. Además, aunque no es su competencia directa, subsidia el transporte urbano en siete ciudades: Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón, por un total de $1.580 millones.
Río Negro también financia la totalidad de la infraestructura vial en ejecución dentro del territorio, afrontando los costos de obras y mantenimiento con recursos propios. Ante esta situación, el gobernador Alberto Weretilneck se sumó recientemente a un acuerdo con otros 22 mandatarios provinciales para presentar un proyecto de ley que garantice el reparto equitativo del Impuesto a los Combustibles.
La iniciativa busca derogar el actual Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte, que se financia con ese impuesto, y propone una nueva fórmula de distribución: el 57% de lo recaudado se repartiría entre las provincias, mientras que el 43% quedaría en manos del Gobierno nacional.
La falta de envío de fondos por parte de Nación suma un nuevo capítulo al reclamo de federalismo fiscal de las provincias. En el caso de Río Negro, la continuidad del transporte público depende exclusivamente del esfuerzo económico local, mientras crece la demanda de una solución estructural que contemple a todos los distritos del país por igual.
6 diciembre 2025
Río Negro