En la mañana de hoy se realizó en Viedma la audiencia de cesura en la que Fiscalía y Defensa Pública presentaron sus pedidos de pena para un hombre condenado en agosto pasado por tentativa de homicidio, amenazas y daño, todos agravados por el uso de arma de fuego. El hecho, ocurrido el 22 de julio de 2024 en San Javier, dejó como saldo la amputación del brazo derecho de la víctima.

La instancia se inició con la declaración de dos testigos. En primer lugar, la madre del joven lesionado declaró de manera remota y describió las consecuencias que el ataque generó en la vida cotidiana de su hijo y del grupo familiar. Luego, a pedido de la Defensa, declararon un amigo y la ex pareja del acusado.

Tras esa etapa, la Fiscalía solicitó al tribunal una pena de 11 años de prisión efectiva. Al fundamentar su pretensión, el Ministerio Público destacó la gravedad de los hechos, los daños físicos, psicológicos y sociales ocasionados, y la pluralidad de víctimas. Recordó además que el arma utilizada fue considerada por los peritos como una de aquellas que producen “dolor innecesario”.

El alegato fiscal detalló las secuelas que afronta la víctima principal, un hombre de 28 años que perdió su brazo derecho, lo que le impide continuar con su trabajo agrícola y lo obliga a depender de su familia en tareas básicas. Señaló además que atraviesa un cuadro de depresión y que no cuenta con subsidio por discapacidad. La madre del joven, según se indicó en la audiencia, debió posponer su tratamiento oncológico para cuidar de su hijo.

En cuanto a la otra víctima, que denunció amenazas con arma de fuego, la Fiscalía remarcó que el temor y el pánico le impidieron regresar a San Javier y modificaron su vida cotidiana. Como agravantes se enumeraron la extensión del daño, la impulsividad del acusado, la naturaleza de la acción y el peligro generado para quienes se encontraban en la vivienda. Entre los atenuantes se consideraron la falta de antecedentes penales, la situación socioeconómica y los estudios cursados por el imputado.

Por su parte, la Defensa Pública requirió que se aplique el mínimo legal, de 5 años y 6 meses de prisión. Argumentó que no existió intención homicida y pidió que se contemplen las circunstancias personales y familiares del condenado, en particular la existencia de hijos menores de edad que quedarían sin sustento.

El tribunal informó que la sentencia será dada a conocer en los próximos días.