Una mujer de Cipolletti fue formalmente acusada por el delito de retención indebida tras haber recibido, por error, una transferencia bancaria de más de siete millones de pesos pertenecientes a una empresa local. La imputada declaró tener intención de devolver el dinero, aunque aseguró no contar con la totalidad de la suma.

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia realizada el lunes en los tribunales cipoleños, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025, cuando la representante legal de una empresa de servicios de ingeniería debía transferir $73.567 en concepto de cuota alimentaria a la cuenta del Banco Patagonia de la imputada. Sin embargo, por un error involuntario, la transferencia se realizó por $7.356.734.

Al advertir el error, la empresa intentó revertir la operación de inmediato, pero no tuvo éxito. “Pese a varios intentos posteriores, no se logró que la mujer devuelva el excedente, motivo por el cual se le envió una carta documento el 5 de agosto intimándola a reintegrar el dinero en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de denuncia penal”, relató la fiscal del caso.

La intimación no fue respondida y el dinero se mantuvo bajo disposición de la acusada, lo que motivó la denuncia. “El dinero fue transferido de manera legítima, pero bajo un título que generaba la obligación de devolución, configurando así la conducta prevista en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal”, explicó la fiscal, quien imputó a la mujer como autora del delito de retención indebida, según los artículos 172, 173 inciso 2° y 45 del Código Penal.

Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se incluyen el comprobante de la transferencia, la denuncia de la empresa, el acuerdo de cuota alimentaria firmado en el Centro de Mediaciones, copia del recibo de sueldo del empleado, la carta documento enviada y recibida, los movimientos bancarios de la cuenta y el talón de extracción firmado por la mujer al retirar parte del dinero en una sucursal de calle España.

La querella, que representa a la empresa afectada, adhirió a la acusación y a la calificación legal del hecho. Por su parte, la defensora pública que asiste a la imputada también aceptó los términos de la formulación.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria. Al ser invitada a declarar, la mujer reconoció haber comprendido la imputación y expresó que pretende restituir el dinero, aunque actualmente “no cuenta con la totalidad de la suma”.