El Tribunal de Impugnación de Río Negro revisó el veredicto emitido por un jurado popular en Cipolletti y resolvió modificar parcialmente una de las condenas dictadas en el juicio por la muerte de Jorge Gatica, ocurrida en enero de 2023 en la Comisaría 45. La medida incide únicamente en la situación de Walter Denis Carrizo, cuya responsabilidad penal fue recalificada.
El Tribunal concluyó que en el caso de Carrizo correspondía aplicar la figura de omisión funcional dolosa de evitar la tortura, prevista en el artículo 144 quater del Código Penal, en lugar de tortura seguida de muerte. La sentencia ordenó remitir el expediente al tribunal de origen para que lleve adelante una nueva audiencia de cesura y determine la pena en función de esta corrección.
La revisión estuvo motivada por tres aspectos principales. Por un lado, se señaló la falta de una acusación unificada entre el Ministerio Público Fiscal y la querella. Además, se observó que las instrucciones brindadas al jurado no contemplaron con claridad definiciones jurídicas como autoría, coautoría o comisión por omisión. A esto se sumó una incompatibilidad detectada entre el hecho que el jurado dio por probado y la figura penal que finalmente aplicó. Para los jueces, Carrizo fue condenado por un delito más grave sin que el jurado contara con la información normativa necesaria para valorar correctamente su conducta.
El juicio se había realizado en mayo de 2025, en el marco de la investigación por la muerte de Gatica, quien estaba esposado cuando —según la acusación presentada durante el debate— fue agredido con golpes de puño, patadas y objetos romos por personal policial. El ataque le provocó más de cien lesiones y una hemorragia interna que derivaron en su fallecimiento.
Luego de ocho jornadas de debate, el jurado popular declaró por unanimidad la culpabilidad de Jorge Luciano Sosa, Vilmar Alcides Quintrel y Walter Denis Carrizo por el delito de tortura seguida de muerte. También consideró culpable a Andrea del Carmen Henriquez por omisión dolosa de evitar la tortura. Sosa, Quintrel y Carrizo recibieron como sanción prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas. Henriquez fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión.
La revisión del Tribunal de Impugnación se centró exclusivamente en Carrizo. Durante el juicio, la fiscalía lo acusó por omitir evitar las agresiones, mientras que la querella sostuvo que debía responder como autor de tortura seguida de muerte. Esa diferencia no fue aclarada en el debate y llegó sin resolución a la instancia de votación del jurado, que adoptó la postura más gravosa. La sentencia repasó además la conducta atribuida a Carrizo, quien —de acuerdo con la reconstrucción del hecho incorporada al fallo— no participó en los golpes, sino que permaneció en la guardia y bloqueó el acceso al sector donde se producían las agresiones. Esa intervención, evaluaron las y los jueces, no encuadra en el tipo penal del artículo 144 ter, que exige dolo directo para causar sufrimiento.
El Tribunal también observó una inconsistencia interna en el veredicto original, ya que Henriquez —quien tenía mayor jerarquía y una conducta evaluada como similar— fue condenada por omisión, mientras que Carrizo recibió una pena más severa.
Una política de lenguaje claro en el proceso penal
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro impulsa desde el año pasado una política de capacitación en lenguaje claro en el fuero penal, en el marco del funcionamiento del juicio por jurados. Según señalaron fuentes del organismo, las actividades comenzaron con talleres dirigidos a jueces y juezas penales y se extendieron al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y a los colegios de abogados.
El propósito de esta política es garantizar que todas las personas que participan en un juicio —incluidos los jurados populares— comprendan con precisión los cargos, las instrucciones y las decisiones judiciales. En este contexto, se confirmó que el próximo taller de lenguaje claro y reglas de evidencia se llevará a cabo en Viedma los días 9 y 10 de diciembre.
5 diciembre 2025
Judiciales