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Una decisión judicial volvió a generar cuestionamientos en Viedma: el archivo de la causa que investigaba la muerte de Ramiro Dina mientras se encontraba bajo custodia policial fue objetado por la defensa de la familia, que insiste en que aún restan medidas de prueba y pidió revisar la resolución, en un contexto marcado por una reciente movilización en reclamo de justicia.
El abogado de la familia, Fabio Igoldi, confirmó que el jueves pasado la fiscalía resolvió archivar las actuaciones al considerar que no había elementos para concluir que existió un delito durante la detención. Según detalló, la decisión se apoyó en un informe pericial que atribuye la muerte a un edema pulmonar asociado al consumo de estupefacientes y alcohol, descartando responsabilidad policial.
Las declaraciones del letrado se dieron antes de la marcha que protagonizaron familiares y allegados del joven de 22 años, fallecido el 9 de febrero de 2025 bajo custodia policial. La convocatoria se realizó en la Fuente Pucará y desde allí se movilizaron por la ciudad con consignas vinculadas al reclamo de justicia y el rechazo al archivo de la causa, notificado la semana pasada por el Ministerio Público Fiscal tras más de un año de investigación.
Sin embargo, Igoldi indicó que ese informe ya había sido observado por la querella. “Hemos pedido aclaraciones que no han sido exitosas”, señaló, y remarcó que desde diciembre se vienen solicitando distintas medidas probatorias que aún no fueron producidas. En ese sentido, expresó que “llama la atención que de un momento a otro se disponga el archivo cuando hay medidas pendientes, incluso pedidas por la propia fiscalía”.
Ante ese escenario, la defensa presentó un pedido de revisión ante el fiscal jefe, con el objetivo de que se continúe la investigación. Igoldi explicó que la intención es “agotar todas las instancias probatorias y después sí llegar a una conclusión”, más allá de que esa conclusión pueda ser compartida o no por la familia.
El abogado también vinculó el cierre de la causa con el alejamiento del fiscal interviniente, quien asumirá funciones fuera de la jurisdicción provincial. Según indicó, había mantenido conversaciones previas para que no se avanzara con el archivo mientras restaran diligencias por realizar. “Le di mi posición, que no coincidía, y que íbamos a ir en contra de ese archivo”, sostuvo.
Entre los puntos que la querella considera centrales, mencionó la necesidad de analizar los protocolos de actuación policial en situaciones de detención de personas bajo efectos de sustancias o en estado de alteración. En ese marco, indicó que existe un pedido formal a la Jefatura de Policía que aún no fue respondido.
También hizo referencia a testimonios incorporados a la causa que, según afirmó, generan interrogantes sobre el procedimiento. Citó el caso de una médica del sistema de emergencias que declaró que “le llamó la atención que los convocaran con el joven ya fallecido en la comisaría y no al momento de la detención”, cuando ese tipo de intervenciones suelen requerir asistencia sanitaria inmediata.
Igoldi planteó además dudas sobre la secuencia previa al ingreso a la dependencia policial. “Hay una hipótesis de que se desvaneció antes de llegar, entonces la pregunta es por qué no fue trasladado a un hospital”, explicó. En la misma línea, señaló que se investigan las condiciones en las que se produjo la detención, incluyendo el tiempo que habría permanecido reducido en el lugar y las demoras en el traslado.
Finalmente, advirtió que, en caso de confirmarse el archivo, la única alternativa sería impulsar una acción privada, una vía que consideró compleja en este tipo de hechos. “Prácticamente sería cerrar la investigación”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de continuar con las medidas pendientes para esclarecer lo ocurrido.
17 marzo 2026
Judiciales