Un pedido de 11 años de prisión quedó formalizado en la etapa final de un juicio por abuso sexual agravado y corrupción de menores, en un caso que involucra a una adolescente que vivía bajo el sistema de familia solidaria.

La solicitud fue realizada por el Ministerio Público Fiscal junto al defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes durante la audiencia de cesura, instancia en la que se definió la pena correspondiente para el hombre que ya había sido declarado culpable en diciembre pasado. La víctima participó de manera virtual durante la jornada.

Según se expuso, el imputado fue hallado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años, en concurso ideal con corrupción de menores agravada, en calidad de autor, conforme a los artículos 45, 54, 119 y 125 del Código Penal.

Durante los alegatos, la Fiscalía planteó que el único atenuante a considerar es la falta de antecedentes penales del acusado. Sin embargo, enumeró una serie de agravantes vinculadas al contexto en el que ocurrieron los hechos, especialmente la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien desde temprana edad se encontraba bajo cuidado de instituciones estatales y sin red familiar directa.

En ese marco, se remarcó que el acusado formaba parte de un dispositivo de familia solidaria, lo que implicaba un vínculo de confianza tanto con el Estado como con la adolescente. La acusación sostuvo que esa relación fue utilizada para concretar los abusos y mencionó además que el hombre habría entregado dinero a la joven con el objetivo de evitar que relatara lo sucedido.

También se incorporaron testimonios de profesionales de la psicología que intervinieron durante el juicio, quienes señalaron que los hechos generaron consecuencias en la salud emocional de la víctima, reflejadas en dificultades para expresarse y establecer vínculos con otras personas de su edad.

Por su parte, el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes acompañó el pedido de la Fiscalía y detalló distintas circunstancias agravantes. Entre ellas, mencionó que los hechos se producían en el domicilio del acusado, en situaciones de aislamiento, y que existía insistencia para que la adolescente permaneciera en la vivienda, incluso frente a desacuerdos de su entorno cercano.

Además, se señaló el impacto que la situación tuvo en la vida de la joven, quien debió alejarse del entorno donde había logrado construir vínculos para resguardarse de lo ocurrido.

En contraposición, la defensa particular del acusado solicitó la pena mínima prevista para este tipo de delitos, fijada en 10 años de prisión. Argumentó que el hombre se mantuvo a derecho durante todo el proceso judicial y planteó que la finalidad de la pena debería orientarse a la resocialización.

El tribunal interviniente informó que la resolución sobre la pena será dada a conocer en el transcurso de la próxima semana, una vez finalizada la etapa de análisis correspondiente.