La presunta vulneración de los sistemas informáticos de la Provincia de Río Negro y el acceso indebido a documentación reservada quedaron en el centro de una serie de interrogantes vinculados con la protección de los datos públicos, la preservación de evidencia digital y los protocolos de seguridad implementados por el Estado. La investigación judicial iniciada a partir de la denuncia abrió un escenario en el que se busca establecer el alcance del episodio y las respuestas adoptadas por la administración provincial.

Esas inquietudes quedaron plasmadas en un pedido de informes promovido por quince legisladores de la oposición, entre ellos integrantes de los bloques Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro, además de representantes de otras bancadas. La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y cuenta también con las firmas de Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich, Leandro García, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti.

El requerimiento solicita explicaciones sobre cómo habría sido posible el acceso a los sistemas oficiales, cuál fue su alcance, qué tipo de información pudo haber quedado comprometida y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad informática y preservar la evidencia vinculada con la investigación.

Entre los puntos incluidos también figuran consultas sobre la infraestructura tecnológica utilizada por la Provincia para proteger sus sistemas, los mecanismos de autenticación y control de accesos, los registros de trazabilidad, los protocolos previstos para incidentes de ciberseguridad y el procedimiento aplicado para resguardar la información digital.

Otro de los aspectos incorporados al pedido apunta a conocer cuándo se habría producido el presunto acceso indebido, qué organismo realizó la denuncia judicial, cómo fue identificada la documentación comprometida, qué herramientas permitieron detectar el equipo involucrado y cuál fue la participación de la empresa estatal ALTEC en las tareas de monitoreo y respuesta frente al incidente.

La solicitud también abarca el funcionamiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN), creado por la Ley Nº 5793 como infraestructura destinada a garantizar la confidencialidad, seguridad y trazabilidad del intercambio de información entre organismos públicos. En ese sentido, se busca determinar si las garantías previstas por ese sistema estaban operativas y cuáles habrían sido las fallas que posibilitaron el acceso denunciado.

Además, el planteo requiere un detalle del estado actual del sistema provincial de recursos humanos, incluyendo los módulos que se encuentran en producción, la cantidad de usuarios activos, registrados, inactivos y bloqueados, los organismos que lo utilizan y el cronograma previsto para ampliar su implementación.

Los legisladores que acompañan el pedido sostienen que la Legislatura debe contar con información completa sobre un episodio que involucra la seguridad de los sistemas informáticos del Estado y el resguardo de datos públicos, con el objetivo de ejercer sus funciones de control y evaluar las medidas adoptadas para evitar que una situación similar vuelva a producirse.