Las personas que atraviesen una situación de vulnerabilidad económica pueden acceder a la suspensión del corte de los servicios de luz, gas y agua por falta de pago, una medida que permanecerá vigente en Río Negro hasta el 31 de diciembre de 2027. El trámite debe realizarse directamente ante la empresa prestataria correspondiente y contempla la presentación de una Declaración Jurada junto con la documentación exigida por la normativa.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a través del área de Defensa del Consumidor, difundió los alcances de la Ley Provincial 5860, que mantiene vigente este régimen de protección para determinados sectores de la población. El organismo precisó que cada empresa prestataria es la encargada de recibir la documentación y gestionar la solicitud de quienes pretendan acceder al beneficio.

Las distribuidoras de servicios ya fueron notificadas sobre la vigencia de la norma y deberán informar a las personas usuarias dónde pueden obtener la Declaración Jurada, iniciar el trámite y recibir el asesoramiento correspondiente. A su vez, Defensa del Consumidor habilitó en su sitio web un canal para presentar reclamos por incumplimientos, además de la atención que brindan las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y las sedes presenciales del organismo.

La cobertura alcanza a quienes habiten el inmueble como vivienda única familiar, acrediten una situación de vulnerabilidad social por razones económicas y demuestren la imposibilidad de afrontar el pago de los servicios. También contempla a jubilados, pensionados y grupos familiares con ingresos inferiores al valor de la canasta básica familiar, así como a quienes tengan personas con discapacidad a su cargo.

La normativa establece además que la condición de vulnerabilidad puede acreditarse mediante certificaciones emitidas por organismos públicos comunales, municipales, provinciales o nacionales. Como parte del trámite, las personas beneficiarias deberán suscribir un plan de pagos, cuya cuota mensual no podrá superar el 20% del monto de la factura de mayor consumo.

De acuerdo con lo informado por Defensa del Consumidor, la legislación unifica y actualiza el sistema de protección vigente en la provincia desde 2009, ampliando su alcance para incluir de manera conjunta los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable hasta fines de 2027.

En los casos en que una empresa se niegue a recibir la documentación, no brinde atención o rechace el beneficio pese a cumplirse los requisitos legales, las personas usuarias podrán efectuar la denuncia ante las OMIC o ante Defensa del Consumidor de la provincia, tanto de manera presencial como a través de su sitio web.