La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, María Inés “Lúa” Hernández, cuestionó las condiciones del sistema penitenciario provincial y advirtió que Río Negro no está preparado para afrontar la aplicación de la nueva ley nacional que reduce la edad de imputabilidad.

En diálogo con el programa Raíz Informativa, que conduce Pedro Caram, Hernández sostuvo que las cárceles rionegrinas atraviesan un problema “endémico” y denunció situaciones de hacinamiento, falta de servicios básicos y prácticas que vulneran los derechos de las personas privadas de su libertad. “Las cárceles no pueden ser espacios ni de tortura, ni de vejación, ni tampoco espacios de condena a muerte”, afirmó. Y fue más allá al cuestionar la ausencia de políticas de reinserción: “Las cárceles terminan siendo un depósito que mayoritariamente corresponde a los sectores populares”.

Explicó que las denuncias realizadas por el Observatorio por requisas consideradas vejatorias derivaron en una intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que recorrió establecimientos penitenciarios de la provincia y posteriormente formuló recomendaciones al Gobierno.

Hernández señaló además que las condiciones de habitabilidad continúan siendo deficientes. “No hay condiciones mínimas de habitabilidad”, afirmó, y mencionó problemas vinculados con el agua, el gas y el acceso a la educación dentro de los penales.

“Río Negro no está en condiciones”

En relación con la nueva normativa que reduce la edad de imputabilidad, la titular del Observatorio fue categórica: “De ninguna manera” Río Negro está en condiciones de aplicarla. “Si no hay para los adultos opciones de socialización, menos hay para los menores”, sostuvo.

La dirigente advirtió que la incorporación de adolescentes de entre 14 y 16 años al sistema penal podría agravar una situación que, de acuerdo con su planteo, ya presenta deficiencias en materia de infraestructura, recursos y programas destinados a las personas privadas de su libertad.

Para Hernández, el problema no se resuelve con un endurecimiento de las penas. “Esta ley ni a nivel nacional ni a nivel provincial resuelve nada”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de recursos, infraestructura y programas socioeducativos destinados a los jóvenes.

La presidenta del Observatorio también puso el foco en las consecuencias de un sistema penitenciario que, planteó, no logra generar herramientas suficientes para la reinserción social. “Muchos internos ingresan sin ser adictos y salen adictos. Entonces, ¿dónde está el problema?”, planteó.

En esa línea, sostuvo que la educación dentro de las cárceles puede tener un impacto concreto sobre la reincidencia. Además, recordó experiencias en las que, de acuerdo con las estadísticas que manejaba el Observatorio, la reincidencia se reducía significativamente cuando existían programas educativos.

Finalmente, Hernández reclamó una mirada social sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. “Todo niño o niña que está hoy en situación de calle o en situación de extrema pobreza es responsabilidad del conjunto de la sociedad”, afirmó.

La dirigente planteó así que el desafío no pasa solamente por castigar, sino también por garantizar acompañamiento, oportunidades y condiciones que permitan evitar que la exclusión termine convirtiéndose en una puerta de entrada al sistema penal.