En la mañana de ayer el Juez de Cámara en lo Criminal de la Sala B de Viedma,  Jorge Bustamante, realizó una inspección en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro.
La visita surge a partir de un Habeas Corpus colectivo a favor de al menos 137 detenidos en esa unidad penal, por agravamiento de las condiciones de detención, que fuera presentado por la Asociación Civil La Cantora.
El Camarista acudió al penal acompañado de varios funcionarios judiciales y por la Defensora General. Allí realizaron una amplia recorrida por las instalaciones del establecimiento, pudiendo comprobar el estado de las mismas, las bajas temperaturas reinantes dentro de los pabellones y el estado y calidad de la alimentación que reciben los detenidos. Cabe agregar que por orden de la Dirección de la Unidad Penal se prohibió la entrada a los trabajadores de prensa que deseaban cubrir el acto.
El pasado lunes 4 de julio La Cantora había realizado la presentación de un recurso similar, donde se denunciaba el corte de los servicio de agua potable y energía eléctrica desde el jueves 30 de junio. Asimismo, el 75 % de la población carcelaria se había plegado a una huelga de hambre como medida de protesta por la situación.
Si bien en la tarde del lunes se anunció el reestablecimiento de los servicios, en la inspección realizada ayer se comprobó que los mismos funcionaban parcialmente. Sólo en algunos sectores de la unidad se habían reestablecido la calefacción y en otros el agua; principalmente en locaciones donde presta funciones los agentes del Servicio Penitenciario.
70 denuncias
Durante la recorrida, el Camarista se entrevistó personalmente con los detenidos, labrando al menos 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención, las que se describieron como: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones; deficiente atención médica; alimentación de escasos valores nutricionales; arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin, cuya evaluación repercute directamente en la progresividad de la pena de los detenidos.
En las mismas se señalo a varios agentes de mediano rango dentro del Servicio Penitenciario pertenecientes a las áreas de Seguridad Interna y Requisa. Asimismo,  también se radicaron denuncias sobre robo permanente por parte del personal penitenciario de víveres y otros elementos que debieran ser proporcionados a los detenidos.