29 julio 2012
Judiciales
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En un comunicado señalaron:
En un Estado de Derecho nadie puede ser eximido del deber de cumplir con la ley y nadie puede gozar del privilegio de no ser sancionado cuando comete hechos delictivos graves como es la desaparición de una persona.
Una institución democrática, como se supone que debe ser la policía, no ha sido creada para ocultar o impedir que haya investigación y en su caso sanción judicial cuando un agente estatal incurre en acciones de corrupción o en una grave violación de derechos humanos. Debería ser la más interesada en el esclarecimiento de los hechos.
Por eso, manifiesta preocupación por las consignas de claro carácter corporativo y que tienden a encubrir conductas absolutamente reprochables, como las difundidas en una marcha donde se amenazaba que si "tocan a uno, tocan al conjunto" y que estaba encabezada y promovida por el funcionario estatal: el Comisario Luis Jara.
Entiende que el Estado de Río Negro adoptó la única medida posible para salvar a una institución como la policía, que resulta dañada y pierde legitimidad, por el accionar corporativo frente a las sospechas que se derivan del proceso penal y valora la medida dispuesta porque es un gesto concreto de que se acaba con la impunidad. Es hora de que podamos saber quiénes son los autores de los crímenes cometidos.
Estima que la designación de un civil al frente de la institución policial ha sido una medida que se inscribe en el respeto a la legalidad, pero también que tiende a romper con estos encubrimientos de delitos que constituyen una grave violación de los derechos humanos y a devolver credibilidad a esta institución que debe estar comprometida con el bienestar de la comunidad y no con la corporación.
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Judiciales