Ambas habían sido procesadas por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" al negarse a responder pedidos de informes de la Defensoría del Pueblo sobre la prórroga de concesiones hidrocarburíferas en 2009.
Ahora los votos del camarista penal subrogante Juan Bernardi y de su par Jorge Bustamante hicieron lugar a las apelaciones planteadas y dejaron sin efecto los procesamientos. En minoría, el camarista Eduardo Giménez fundamentó en disidencia inclinándose por confirmar la resolución del juez Guillermo Bustamante.
Estas dos exfuncionarias se suman a una reciente lista de desprocesamientos en favor de quienes fueron imputados tras extensas investigaciones. Entre ellos exintegrantes de las conducciones del Ipro3ss, Deportes y el exministro de Gobierno, Diego Larreguy, a quien no sólo se la anuló el procesamiento -por una contratación directa de una empresa de publicidad por más de 400.000 pesos- sino que el Tribunal se extendió en el planteo de la apelación y consideró que no hubo delito.
En el caso de las exfuncionarias se resolvió en la misma línea. Como primer votante Bernardi, sin analizar la cuestión de fondo, advirtió "fallas" tanto en el requerimiento fiscal como el procesamiento "no sólo de redacción sin también jurídicas", considerando que en cada hecho "no está claro quién está imputada". No obstante interpretó que a Jañez se le imputa que "sugirió" no responder lo solicitado y a Pérez Balda que "en forma ilegal habría rehusado brindar la información requerida".
En este marco sostuvo que Jáñez "no incumplió nada sino que firmó un dictamen conforme su interpretación. Lo hizo público por lo tanto no es encubierto, luego se interpretó y de tal modo Pérez Balda actuó, por lo tanto no es enmarañado". Interpretó que la conducta enrostrada a Jáñez "es atípica" y que a Pérez Balda se le solicitaron los informes y "en caso de negativa en su requerimiento les incumben sanciones disciplinarias".
En disidencia el camarista Giménez analizó los motivos y los pedidos de informes formulados por la entonces Defensora del Pueblo, Ana Piccinini "de los que no obtuvo respuestas". Consideró atendible el planteo de la Defensora "que ante la sospecha de maniobras en los pozos petroleros y en la prórroga de concesiones ciertamente tiene facultades para solicitar los informes". Agregó que se le negó a la Defensora del Pueblo el dictamen legal de la secretaria Técnica y "por la negativa de Pérez Balda informes sobre temas altamente sensibles a la comunidad", puntualizando que la secretaria de Hidrocarburos no tiene rol político sino funcional y "es en esa área en que se le están pidiendo los informes que no le pueden ser negados, teniendo en cuenta el rol de control externo de la Defensoría".
Giménez sostuvo además que la respuesta de Pérez Balda remitiéndola a la Defensora a la página web "resulta a todas luces sospechosa (toda vez que no se publicará en ese medio justamente alguna irregularidad) además de resultar totalmente desconsiderada, teniendo en cuenta el rango que ostenta la denunciante".
Frente a la disidencia entre Bernardi y Giménez, Bustamante se inclinó por la solución más beneficiosa a las imputadas, sumando su voto al primero de los jueces.

FUENTE: Diario Río Negro