7 diciembre 2012 Judiciales Comentar

El funcionario confirmó en este marco que se está desarrollando el curso que permitirá ingresar 250 operadores en las cárceles, “estamos en un proceso de reparación de edificios” de los penales, para lo cual hay disponibles 32 millones de pesos que se ampliaron a 40 en el presupuesto 2013,  y “estamos a punto de seleccionar al Auditor de Asuntos Internos”, cuyo organismo se encargará “de la lucha contra la corrupción, los abusos y violaciones de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de la seguridad”.
Confirmó que ya está listo el plan sobre toda esta temática que el próximo 14 de diciembre se presentará al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En declaraciones a Radio Noticias de Viedma, indicó además que para reducir el delito el acento debe estar “en tener una buena policía de investigaciones, en una policía más capacitada, más profesionalizada, más jerarquizada, y apuntada a tareas específicas, como por ejemplo, el análisis criminal y delictual”.
Bermejo señaló sobre la marcha de su gestión que “las fortalezas son que pudimos traer un equipo importante de técnicos y expertos en seguridad, con los cuales pudimos iniciar algunas acciones muy interesantes, sobre todo en el campo de la participación comunitaria”.
Agregó que “la gran debilidad es la gestión del Servicio Penitenciario, que es el problema que nos impide desarrollar otras acciones que teníamos previstas”.
Informó en este marco que “tenemos 750 personas privadas de la libertad, que están bajo nuestra responsabilidad respecto a su integridad física en toda la provincia, en establecimientos que están en muy malas condiciones y, en algunos casos, pésimas”.
Aseveró no obstante que “estamos comprometidos con este tema”, pero “lleva mucho tiempo rearmar una cosa que está totalmente desatada, no se puede arreglar rápidamente”.
Explicó que “necesariamente se necesita un plazo para incorporar los 250 operadores que actualmente se están capacitando” para ese cometido, y a veces hay que luchar con cierta lentitud del sistema administrativo estatal en cuanto a la compra de materiales, equipamiento y concursos de obra.
Reflexionó en este sentido q        ue “yo comparto que una gestión pública tiene que ser muy transparente, muy ajustada a las normas, muy apegada a que la gente sepa cómo se gestionan los recursos y cómo se gastan, que haya cero corrupción en el manejo de los concursos, pero me parece que en algún momento nos pasamos ‘de rosca’, en el sentido que son muchos los pasos y los controles”.
En cuanto al Servicio Penitenciario opinó que, aquí y en todos lados, “va a tener que tener una redefinición, porque cuando uno estudia el Código Penal -que es de 1921, aunque fue reformado muchísimas veces- nos encontramos que dice que si una persona comete un delito y no tiene conciencia de la criminalidad del acto, no se le aplica la pena, sino una medida de seguridad, es decir, no puede estar en la cárcel, sino en un establecimiento penal para personas inimputables”.
Agregó que sin embargo “en la Argentina no hubo una política que generara este tipo de establecimientos aptos para aplicar medidas de seguridad y no penas, de manera que muchas veces ocurre que en la cárcel tenemos un alto porcentaje de población que no está en condiciones de mentales de entender, de reflexionar sobre lo que hizo, por el consumo de sustancias o por un montón de factores”.
Informó que en los penales hay escasez de personal y hasta tanto termine la capacitación de los alumnos que van a ingresar al Sistema Penitenciario Provincial “lo que hemos hecho es un sistema por el cual, si bien recargamos al personal, le pagamos horas extras y adicionales, para alcanzar a superar el tema de los turnos, es decir, tenemos más personal a pesar que hay que dividirlos en tercios”.
Respecto a algunas críticas sobre los cursos de capacitación que se están desarrollando, explicó que “primero nos costó mucho encontrar un lugar, después sólo en Viedma tuvimos unos 600 inscriptos para cubrir 250 lugares en toda la provincia, entonces tuvimos que hacer la selección, hacer el examen psicológico, armar los expedientes, los legajos de cada uno, preparar los profesores, conseguir los fondos para pagar las horas cátedra, conseguir los medios para que se puedan dar las clases en condiciones dignas y con cierta normalidad; todo este proceso cuesta muchísimo”.
Agregó que “se decide entonces comenzar las clases dejando de lado algunos requisitos para después, por ejemplo, el psicotécnico; si bien firman una declaración jurada cuando empiezan el curso diciendo que este ingreso no implica por parte del Estado admitirlo como empleado público, sino que van a estar sujetos a otros requisitos que a posteriori se van a ir dando, a veces genera mucho malestar, pero no podemos hacer otra cosa”.
Informó que “estamos dando un curso mínimo de tres meses, de los cuales, de un mes y medio a dos es exclusivamente teórico, y luego es teórico-práctico, ya comienzan a entrar al penal, comienzan a tomar los primeros contactos, para que vayan viendo gradualmente el tratamiento con los internos”.
Enfatizó que este proceso “lleva tiempo porque además hay un periodo de adaptación y una capacitación permanente; por suerte la ley del Servicio Penitenciario Provincial prevé que los ascensos en la carrera no se dan por antigüedad, se dan por capacitación, por concurso, por estudio”.
Sobre la situación en las cárceles, recordó además que “estamos en un proceso de reparación de edificios; el 14 de diciembre tenemos una audiencia fundamental en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), tenemos que presentar un plan en este sentido que ya está elaborado”.
Agregó que “también ya tenemos los fondos disponibles, listos para ser utilizados, unos 32 millones ya aprobados, y además para el presupuesto 2013 se ampliaron a 40 millones en obras, sin tener en cuenta la nueva cárcel de San Carlos de Bariloche que probablemente en dos años y medio se va a poder hacer”.
Al consultársele si hay connivencia del sistema para que los presos se escapen, respondió que “aquí y en cualquier lugar del país se pueden generar actos de corrupción, esto no es una característica rionegrina, al contrario, debemos tener menos que en otros lugares, pero tenemos que ir avanzando gradualmente en las sanciones cada vez que encontramos una persona que está cometiendo un acto ilícito”.
Destacó que “recién ahora estamos a punto de seleccionar al Auditor de Asuntos Internos, que hemos concursado, estamos en los últimos pasos para su designación”, adelantando que posiblemente estará designado “antes de fin de año”.
“Ese es el organismo encargado de la lucha contra la corrupción, los abusos y violaciones de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de la seguridad”, agregó.
En cuanto a cómo accionar para reducir el delito, explicó que esto no se logra fundamentalmente con más patrulleros o más policías, poniendo el ejemplo en este sentido con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene mucho personal y muchos móviles, pero esto no ha redundado en la baja del delito.
Agregó que el acento debe estar “en tener una buena policía de investigaciones, en una policía más capacitada, más profesionalizada, más jerarquizada, y apuntada a tareas específicas, como por ejemplo, el análisis criminal y delictual”.
Ejemplificó que si hay una causa judicial por recetas truchas –ya que el consumo de los jóvenes en conflicto con la ley no se da solo con las drogas ilegales, sino con las legales- “en el marco de esa causa tengo que ir desatando el ovillo a través de una investigación para ver de dónde viene, encontrar la causa, quién falsifica la firma”.