“No nos avisaron que se lo iban a llevar. Esto es muy injusto. Ni siquiera pudimos despedirnos de él”, señaló a ANB un familiar de uno de los sujetos derivados.

La abogada Marina Schifrin, por su parte, se presentó en el lugar, porque “trasladaron sin aviso a una persona que yo defiendo y que está con una libertad transitoria”, explicó. “No me dejaron ingresar y no me dieron ninguna explicación”, se quejó.

El director del Penal, Manuel Poblete, en medio de un clima de elevada tensión, salió a dialogar con los familiares de los internos, lo cual provocó que la situación se calme. Aclaró que los traslados se concretaron debido al “clima de alta conflictividad” que existe en la cárcel y señaló que sin bien “teníamos que sacar a algunos internos para reordenar la situación, aquellos que están próximos a beneficios, volverán en lo inmediato”.

En tanto, remarcó que “hay una orden del juez (Martín) Lozada que debemos cumplir y para eso estamos trabajando".

En este sentido, a fin de año, el magistrado dispuso mediante una sentencia de hábeas corpus que teniendo en cuenta que en el Penal se encontraban 86 detenidos, era necesario reducir a 60 la cantidad de reclusos, “para evitar que esa superpoblación de internos derive en situaciones de violencia interpersonal y dificulte el tratamiento que es imperativo llevar adelante respecto de cada una de las personas que se encuentran allí privadas de su libertad".

El juez afirmó en su momento que la privación de la libertad “debe estar orientada a un preciso plan de acción en torno a su resocialización y posterior reinserción social”. “Aspiraciones que resultan ser de cumplimiento imposible ante la situación de hacinamiento que aquí se viene planteando", aseguró.

En este marco, Poblete reconoció que “hay muchas complicaciones internas que hay que resolver”, entre ellas, la superpoblación de internos. (ANB)